El escándalo de los cinco civiles muertos a balazos por una patrulla policial integrada por 11 miembros de la Policía Nacional podría constituir un espejo de la llamada institución del orden.

Las semanas han pasado desde la ocurrencia de este hecho, que no solo estremeció a los residentes en Santiago, sino a los habitantes de todo el país, y la opinión pública empieza a anidar dudas sobre el desenlace final. El país, sin embargo, está atento a la decisión de los jueces.

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Por lo pronto, hemos visto a un Ministerio Público que ha actuado con prontitud y con audacia, sin dejar de ser valiente para, contra la versión inicial de la Policía Nacional, levantar el polvo y averiguar qué realmente ocurrió. Las conclusiones de estas investigaciones de la Procuraduría General y la Procuraduría Fiscal de Santiago son para espantarnos y, al mismo tiempo, entristecernos porque todavía en República Dominicana andemos de mentira en mentira.

Afirmar que las pruebas de balísticas indican que los hoy muertos no dispararon, que ni uno de los casquillos recogidos en la escena del crimen múltiple se corresponde con las armas que portaban los civiles, etcétera, delata una osadía inédita para mentir.

Estas fueron las conclusiones de las investigaciones fiscales. Hasta ahora, los autores de la primera versión del crimen no han salido a desmentir los hallazgos del Ministerio Público. Pero existe la fundada sospecha de que los autores de este crimen están siendo defendidos por voces poderosas del Derecho.

El país necesita que esta monstruosidad se esclarezca sin claroscuros. Que la verdad resplandezca con el brillo de la luz del mediodía, para saber qué Policía Nacional tiene la República Dominicana. Para conocer hasta donde es creíble y si, ciertamente, podemos confiar nuestra seguridad a los miembros de esta institución.

Cuando la Justicia establezca, a la luz del Derecho y de la verdad, los pormenores de este horrendo crimen, podremos comprender de arriba-abajo el peliagudo tema de los llamados “ajusticiamientos extrajudiciales”.

La opinión pública debe, pues, darle un seguimiento pormenorizado a este caso.