El dicho/lamento “aquí no existe un régimen de consecuencia” es tan penosamente cierto que parece que a veces se legisla sobre alguna cuestión sin la más mínima voluntad de que lo legislado o reglamentado se aplique. Peor aún, con la clara intención de que no se aplique. La Ley 169-14 es un ejemplo. De ese modo, la inexistencia del régimen de consecuencia se ha institucionalizado y por eso se propagan mentiras, mitos, opiniones aviesamente retorcidas sin que pase nada. Es lo que sucede con determinados discursos y prácticas de varios sectores ultranacionalistas que nos ha conducido a una situación política con elementos típicos del estado de excepción.

En esencia, un estado de excepción es una situación considerada de extremo peligro para la nación que obliga o justifica que el jefe del Estado apele a medidas excepcionales que limitan o suprimen temporalmente determinados derechos individuales para la protección del bien público. Una de las principales justificaciones del Gobierno con su actual política migratoria, es que la soberanía nacional está en peligro por el carácter explosivo de la situación de haitiana; sin embargo, es reiterativo en afirmar que la frontera está segura. Sellada, dicen no pocos civiles y militares.

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La frontera está sellada, dicen y, de ser así, “la integridad territorial dominicana no está en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas”. Pero aun estándolo, tal como se consigna en el artículo 263 de la Constitución, debe respetarse “el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal, la libertad de conciencia y de cultos, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad (…). Por consiguiente, y con relación a este último derecho, no existe un motivo legal, moral o de seguridad interna que justifique la inhabilitación de la unidad de la Ley 169-14 para conocer los expedientes del grupo de desnacionalizados por la Sentencia 168-13.

Igualmente, urge una solución legal y realista al tema de la regularización y reglamentación. o como se le llame, a la demanda de mano de obra extranjera de los sectores productivos para poder operar. Asumir la posición/presión del ultranacionalismo sobre esas dos cuestiones es hipotecar el futuro de las actividades productivas de la nación y la necesidad de unas relaciones con Haití que inevitablemente deben ser armoniosas. Con ello no se renuncia al inalienable principio de soberanía del Estado Dominicano, sino que esta se ejerza con racionalidad y realismo, sin odios ni tragedias para que no tengamos unas relaciones entre estados y pueblos consistentemente envenenadas.

Esto obliga a detener las medidas que nos sitúan como un estado de excepción sin que así lo haya declarado el Congreso, a aplicar las leyes y decretos que obligan al Estado regularizar decenas de miles de personas, no inducir a los gobiernos locales a identificar y perseguir migrantes supuesta o realmente indocumentados para que no cometan abusos contra ellos. Sobran los ejemplos. También, la toma de posición de todos los partidos sobre este tema, comenzando por el oficial, y que las academias, importantes sectores de la intelectualidad y gran parte de la sociedad civil salgan de su silencio.