Que la Junta Central Electoral no pudiera pronunciarse contra el uso de los recursos del Estado que hace el partido de gobierno para promover las aspiraciones presidenciales de su candidato, quien también es el ciudadano Presidente de la República, es una lamentable, triste y reveladora deserción del deber que como árbitro del proceso electoral tiene ese organismo.

Pero que la Junta no lo haya hecho porque cinco de sus nueve jueces, la mayoría más precaria, levanten el argumento de que el uso de los recursos públicos a favor de los candidatos oficiales es una práctica enraizada en el tiempo que se ha hecho una costumbre, es una herejía jurídica, una negación del principio de igualdad entre los contendientes y una verdadera cobardía ante el poder.

Hace tiempo que vengo sosteniendo desde estas modestas cuartillas que el drama más serio que enfrenta la democracia dominicana es que es una democracia sin demócratas. Es decir, la mayoría de nuestros actores políticos, la mayoría de nuestros componedores y de los organismos que tienen que ver con la administración de los deberes y derechos de los ciudadanos no cree, en los hechos, en las reglas del juego democrático.

Los honorables magistrados que administran el proceso electoral, es decir, que procuran aplicar la ley orgánica de la Junta, que norman con sus decisiones algunos aspectos de la vida de los partidos políticos, que evacuan y aplican resoluciones, que distribuyen los fondos públicos para los partidos, que gerencian la votación y luego dicen quién ganó y quiénes perdieron, ahora quieren lavarse las manos y decirle al país que nada tienen que ver con el uso de los recursos públicos en la campaña.

Entonces, no son árbitros. Y si no son árbitros acabamos de descubrir que la democracia dominicana carece de un ente que administre y dirija el proceso electoral.

La Comisión de Seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral tampoco ha sido sensible al tema del uso de los recursos públicos en la campaña, aun cuando propició la firma de un pacto dirigido a promover una campaña rodeada de decencia y de valores éticos.

El argumento de cinco magistrados en el sentido de que recurrir al uso de los recursos gubernamentales es una práctica de años en la República Dominicana, es un argumento cierto. Pero también es cierto que se trata de una anomalía que lleva muchos años, que es una práctica que rompe la equidad entre los candidatos y que es, además, una violación a las normas jurídicas sobre el buen manejo de los fondos estatales.

De manera que su posición, a la que arrastraron al organismo electoral en razón de que los otros cuatro magistrados estaban en minoría, es un precedente desalentador que alimenta la sospecha que importantes sectores tienen sobre la composición de la JCE.

Hace pocos días que el juez Roberto Rosario dijo en la televisión, en CDN, que “evidentemente hay un uso abusivo y desaprensivo de los recursos del Estado” en la campaña electoral. Y se quejó de que este hecho rompe el equilibrio entre los partidos participantes.

Pero la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad fue más lejos y acusó al gobierno de utilizar los actos de inauguración de obras construidas por el Estado para promover la candidatura del presidente Mejía. Y decía que el candidato del PRD lo hacía como si se tratara de obras levantadas con recursos propios. La Coalición también aludió en su prolijo informe a los ayuntamientos controlados por el PLD que están utilizando vehículos en campaña electoral a favor del candidato Leonel Fernández.

También la Asociación de Jóvenes Empresarios pidió a la Junta Central Electoral un papel más agresivo para enfrentar una práctica que es un fenómeno visible a lo largo y anoche de todo el país.

En materia de uso de los recursos públicos a favor del partido de gobierno hemos regresado a los tiempos de los doce años del Presidente Balaguer. Solo que ahora quienes lo hacen son los críticos del caudillo de Navarrete, los que llenaron los aires de discursos contra esa inequidad, los que escribían hermosos y bien adjetivados artículos rechazando lo que entonces consideraban un atentado a las reglas del juego democrático.

La Junta Central Electoral debió de condenar el uso de los recursos públicos por parte del candidato del PPH. Tenía que hacerlo porque es su deber jurídico y porque su papel de árbitro se lo impone. Dejar esta práctica en el pasado hubiera sido, además, un avance notable del proceso democrático.

Pero no lo hizo y con su decisión levanta sospechas y replantea el tema de su condición de junta integrada por personas parciales que a la hora de tomar decisión podrían estar más guiados por sus sentimientos partidarios que por sus compromisos con la ley y las prácticas electorales.

Y, lo peor, nos deja la gran duda sobre la condición de árbitro de la Junta Central Electoral.