No es un problema exclusivo del entorno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Otros recintos académicos de la ciudad de Santo Domingo confrontan las mismas dificultades de  arrabalización, asedio de vendedores que manipulan alimentos  en la vía pública, falta de espacio para estacionamiento de vehículos, contaminación visual, delincuencia, ruidos y contaminación.

Con excepción de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el resto de los centros de estudios superiores del Distrito Nacional afronta casi los mismos problemas, unos más agudos que otros. Depende de la ubicación y la dimensión del centro académico. Ejemplos de ello son la O&M, UNIBE, INTEC, UTESA, APEC y Universidad Del Caribe.

Un estudio preliminar realizado por técnicos del ADN para conocer la problemática en los entornos de universidades con planteles en el Distrito Nacional permitió establecer que las dificultades son graves, traumáticas, pero se pueden solucionar si las partes se ponen de acuerdo.

Ninguno de los planteles que alojan a las universidades están diseñados para el volumen de estacionamiento que requieren, tanto para los usuarios como para el servicio de transporte público. Las universidades  UTESA, INTEC,  del Caribe y O&M  son una buena muestra.  En el caso de la O&M, que tiene su escuela de Turismo en el centro del sector de Gascue, genera un fuerte impacto negativo en su entorno.

El arquitecto Andrés Navarro, secretario técnico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, reconoce que los problemas que generan en su entorno las universidades en la ciudad de Santo Domingo no son fáciles de resolver. Pero se buscan soluciones. La idea es llegar a un acuerdo marco común entre todos.

“Hemos realizado reuniones con representantes de las universidades, con el objetivo de ir perfilando un acuerdo, es decir, llegar a un acuerdo marco común entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y esas universidades”.

Navarro admite que el proceso de búsqueda de soluciones para mejorar o adecentar el entorno de las universidades  ha sido lento, pero sostenido. “El Ayuntamiento del Distrito Nacional no le ha dado, ni le va a dar  la espalda al problema”.

Asunto complejo

Pero es un asunto complejo, según el funcionario del cabildo, porque el entorno de las universidades refleja impacto en varios aspectos, específicamente sobre el uso de suelo,  que antes eran habitacionales y hoy en día son mezcla de comercios, servicios, apartamentos y de apartamentos de alquiler. Los espacios en la vía pública son ocupados por vendedores ambulantes y casetas que expenden alimentos.

“Otro impacto es el tránsito. La demanda de transporte público aumenta el volumen de tránsito y también  genera una disfunción en el tránsito que no es transporte público, sino el normal, el de la ciudadanía”.

La presencia de vendedores ambulantes o informales, que ocupan los espacios públicos,  es otro problema del entorno de las sedes de estudio que deben encarar el ADN y las universidades. El arquitecto Navarro refiere que estos vendedores generan otros problemas colaterales que deben resolverse.

Según Navarro, es responsabilidad de ayuntamiento  resolver los problemas de uso de espacio, arrabalización, estacionamiento en la vía pública, la presencia de vendedores ambulantes y contaminación visual,  pero las universidades tienen que aplicar controles internos para mejora la situación. “Por ejemplo, el estacionamiento de estudiantes y profesores debe ser controlado por algunas universidades. Cuando el plantel de una universidad no tiene el estacionamiento requerido, entonces genera un daño en la zona que no puede ser resuelto por el Ayuntamiento. Los casos del Intec, Utesa y la Universidad del Caribe,  tienen graves problemas de estacionamiento”.

El funcionario comentó que las universidades, antes de instalar un plantel en una zona de la ciudad, deben tomar en cuenta no sólo el número de aulas para sus estudiantes.

“Esto implica que las universidades deben planificar dónde ubicar sus nuevos planteles. Algunas vienen y solicitan sus permisos al Ayuntamiento. Otras lo han hecho sin contar con los permisos de uso de suelo del Ayuntamiento, generando de esa forma estos problemas traumáticos”.

Navarro entiende que hay que involucrar a otras instituciones en la búsqueda de soluciones, específicamente a los sindicatos taxistas, carros  públicos  y de minibuses del transporte de pasajeros que operan rutas desde y hacia las universidades.

“Hay que ver cómo los sindicatos pueden brindar el servicio, de manera que no generen el trauma de problemas de tránsito, de inseguridad, de hacinamiento, de uso de la vía pública, que actualmente están generando. Hay que buscar soluciones en conjunto”. 

El secretario técnico del ADN comparte el criterio de  que hay que solucionar los problemas que generan los colmadones, centros nocturnos y establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en los entornos de las universidades.

“Hay que resolver ese rosario de calamidades que generan esos negocios, los cuales deben ser regulados”. Navarro asegura que  habrá acciones efectivas, no contraproducentes, para solucionar o aliviar el cúmulo de dificultades. El ADN está en la fase de preparación de un “formato de acuerdo” para presentarlo y discutirlo con las partes involucradas en el tormentoso problema urbano.

 Reconoce, sin embargo, que cuando se apliquen las medidas, se generarán conflictos sociales. “Por suerte, el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha tenido éxito en todos los casos en que hemos intervenido”.

Espacios públicos

La Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos surge de la necesidad de crear un sistema de gestión de los espacios públicos del Distrito Nacional que genere un modelo de ciudad que promueva el incremento de la calidad de vida de los munícipes del Distrito Nacional, a través de una eficaz defensa del espacio público, promoviendo una nueva cultura, que garantice su uso y disfrute colectivo y estimulando la participación comunitaria.

Esta estructura le da apoyo a la municipalidad en la aplicación de las normas sobre defensoría de los espacios públicos, recuperación de las áreas verdes, descontaminación visual, regulación de los comercios en los espacios públicos, así como conciliar o ejecutar notificaciones y decisiones de demoliciones en construcciones ilegales.