POR ARTURO MARTÍNEZ M. Cuando se tienen actores actuando en forma independiente, sin una clara definición y coordinación central, es difícil que el producto final sea bueno. Es lo que pasa con la política económica, y con sus resultados en ocho meses; por un lado, el gobierno central se deja amarrar con topes de inversiones que al final no conducen a ningún sitio, y lo decimos porque tarde ó temprano, y más temprano que tarde, las directrices en el manejo del presupuesto se relajarán, y al FMI no le importará.

Y por otro lado, las autoridades del Banco Central sólo piensan en cómo mantener por debajo de treinta mil millones de pesos el déficit cuasi fiscal, sin considerar el elevado costo económico y social que origina su política de tasa de interés, que al final se convertirá en otro ejercicio inútil, porque es una política insostenible en el tiempo. Pero no hay que rendirse antes la intransigencia de la muerte económica.

Se quiera aceptar o no la realidad, de frente se tiene una economía que ha caído en una trampa por partida doble. De liquidez, y que no se debe a la inexistencia de suficientes proyectos para desarrollar, sino porque a los bancos se les amarró de manos y pies, al punto de que sólo captan y no pueden prestar ni siquiera a los buenos clientes tradicionales, se les quitó su función esencial, de intermediario entre el que le sobra recursos y el que los necesita. A la falta de demanda efectiva de crédito privado, se suma que el Banco Central, en persecución de su objetivo de control del déficit, ha bajado la tasa pasiva de interés a una velocidad y a niveles sin precedentes, y lo peor, el tiempo de duración de su caída dirigida al vacío profundo, va dejando una estela de pobreza entre los más necesitados y desequilibrios en presupuestos familiares de diferentes niveles, que nadie entiende porque no ha sido preocupación de los políticos en el poder. Porque al final, y quién sabe si lo pensaron, las autoridades monetarias han decidido cargar a los más débiles, a las familias que trabajaron y ahorraron, a los ancianos y pensionados, el costo de lo que persiguen, sectores que ya no pueden seguir dependiendo de su esfuerzo acumulado, agravado con el hecho de que carecen de fuerza y medios para sustituir ingresos. Las evidencias indican con claridad que a eso conduce la reducción sin límite de la tasa de interés pasiva.

No se puede acusar al FMI, y al Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que en la práctica dispone de las políticas en el Organismo, por entrampar la economía, y por no haber resuelto la crisis en el Banco Central, porque fue el gobierno del PLD el que, y aparentemente sin meditar lo que hacía, pidió un nuevo acuerdo, y gustosamente aceptó lo primero que le presentaron, sin considerar las consecuencias para una sociedad que estaba demandando mejores condiciones de vida. Es decir, no se puede pensar en el programa del FMI como un mal viento de renovación. La preocupación del nuevo gobierno se reducía a que el Organismo Internacional le ayudara a recuperar la confianza, además de su objetivo político, establecer la tesis de que la crisis había sido el resultado de una mala gestión del gobierno pasado (sostuve en el pasado, y he repetido en varios trabajos, que las autoridades monetarias de entonces no hicieron su trabajo). Con miras a las próximas elecciones, sin dudas que lo último fue un objetivo inteligente. En cuanto a la política económica, parece que el nuevo gobierno se orientaría por las estrellas, como los navegantes de antes, olvidando que estamos en el siglo veintiuno.

El problema es que el FMI estudió con rigurosidad, como lo hacen los economistas, causas y consecuencias, y no se dejó llevar por intereses políticos y partidaristas. Públicamente estableció la hipótesis de que la crisis fue alimentada por el aumento de precio de los carburantes en el mercado internacional, y por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2002 en los Estados Unidos, dejando en claro que la quiebra de los bancos fue el origen. Es más complicado el asunto de la ganancia de confianza, las nuevas autoridades no evaluaron con tranquilidad el hecho de que habían ganado las elecciones con un robusto 57 por ciento, que el pueblo dominicano le había otorgado apoyo para que implementara las medidas salvadoras, por lo que era innecesario un nuevo acuerdo con el FMI. Hicieron compromisos con el Organismo Internacional, pero las cosas se hicieron a media, para cerrar la brecha fiscal no elevaron los impuestos de la manera como se les pidió, se decidieron por una tímida la reforma, que se quedó en el medio entre las necesidades totales y lo logrado, y como estaba claro que se incumplirían los topes y el acuerdo Stand-by, se asustaron y llevaron al extremo la austeridad en el gasto de inversión.

La equivocación social del gobierno fue doble, innecesariamente se amarró con metas extremas, que no discutió con nadie fuera de los técnicos del FMI, y sacrificó inversiones que ha causado un deterioro de imagen mucho mayor que la que pudo reclamar una profunda reforma fiscal. La emborrachera de la victoria parece que se llevó hasta la mesa de discusión con los técnicos del FMI, de otra manera no se explica porqué no se dieron cuenta que en ese momento el déficit del presupuesto no era un problema mayor, y que si iba existir un acuerdo Stand-by, el único objetivo que lo justificaba era lograr reducir y hasta eliminar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Cualquier otro objetivo resultaba redundante.

Cometido el error de un acuerdo con el FMI, sin ton ni son, lo demás se reducía a un asunto puramente administrativo. Ciertamente, y en lo que va del programa, el gobierno no sólo cumplió con el límite, a través de restricciones en el gasto de inversión, sino que lo sobrepasó, y lo curioso es que se felicita en lugar de darse en el pecho por el error, porque el efecto ha sido recesión y desempleo por falta de demanda.

Cuando ha perdido una buena parte del encanto, el gobierno anuncia la intención de otra reforma, pero no se refiere a la que debió hacer en el momento oportuno para enfrentar el problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, sino de otro parcho, compensar por las pérdidas de ingresos, por tres mil millones por la eliminación del arancel a las importaciones provenientes de los Estados Unidos, con motivo del acuerdo bilateral comercial que se empuja, y veinticinco mil millones por recargo cambiario. Pero sin importar de si la reforma es o no la adecuada, el asunto se torna más complicado, para hacerla posible el gobierno deberá hablar, ya no sólo con los partidos políticos, también hay que hacerlo, y en varios idiomas, con los empresarios, los consumidores, los que finalmente pagan los impuestos, y sobre todo, con los especialistas en huelgas. La reforma estructural exigida por el FMI, que nada tiene que ver con la política fiscal y monetaria (entre otras me refiero a la capitalización de los bancos, el endurecimiento de las condiciones bajo las cuales se conceden préstamos, a través de normas bancarias y prudenciales de imposible cumplimiento), no dejan de ser importantes para el fortalecimiento de la economía en el largo plazo, pero su velocidad de aplicación ha causado males económicos y sociales, que de ninguna manera justifican el compromiso del gobierno. El FMI se equivocó cuando no exigió, como condición previa, la aprobación de otra reforma estructural verdaderamente importante, me refiero a la participación del Congreso y/o de otro organismo en el control del gasto, lo reclama cuando con asombro se entera de que el gobierno ha decidido invertir veinticinco millones de dólares, no en obras sociales, sino en un negocio privado, en ayuda de la oligarquía de Santiago de los Caballeros.

El FMI se decide hacer público la necesidad de control del gasto del gobierno, porque sabe, mejor que cualquiera, que a medida que transcurre el período de gobierno, se hace cada vez más difícil la aceptación de nuevas cargas fiscales, sumado al efecto negativo que tuvo el inoportuno anuncio del gobierno, de hacer una inversión que subsidia al sector más pudiente del país, y en un proyecto donde el sector privado no quiere correr más riesgos. Para el FMI se trata de un clásico ejemplo de inversión que el gobierno no debe hacer, porque si objetó que se recompraran las acciones de las EDES, en el caso del hospital de Santiago es un claro movimiento estatal hacia un capitalismo clientelista que favorece, no a la masa, no a los trabajadores, sino a la oligarquía, con la que aparentemente se tiene un serio compromiso, el cual debería ser objeto de investigación sociológica. Para el FMI tan malo es el clientelismo populista como el favoritismo oligárquico. Vislumbro problemas.

La otra trampa, la de liquidez, creación de las autoridades monetarias, es un tema donde el FMI tiene poco que decir, porque las posibles recomendaciones no serían fruto de experiencias recientes. La verdad es que los economistas académicos, y los del FMI, tienen muy pocos estudios sobre el tema. Posiblemente las experiencias en los Estados Unidos, en la década de los treinta, y la de Japón, en la década de los noventa, ambos en el pasado siglo veinte, han sido las únicas discutidas a profundidad, pero sin una dirección con respecto a cómo evitarla y salir de ella. Una clara señal, de que no están en condiciones de recomendar en el caso dominicano, es la declaración de que la crisis del Banco Central todavía está ahí, y que les preocupa el problema de la deuda para el diseño y ejecución de la política monetaria. Es como si sintieran sus síntomas premonitorios, en un cuerpo económico todavía débil, por el efecto de una crisis que se mantiene incubada, porque las medicinas aplicadas sólo han servido para prolongar el padecimiento.

Con claridad no lo dicen al público, porque son diplomáticos, pero sí a las autoridades monetarias, de que la reducción de la tasa de interés pasiva, a un nivel que incluso ya resulta negativa en término real, cuando el cálculo se hace a doce meses, es el detonante de la trampa a la que temen. Para el FMI no es un secreto, que las autoridades monetarias reducen el tipo de interés sólo para cumplir con la meta del déficit cuasi fiscal al que se han comprometido, pero sin dejar de aumentar la deuda. Es decir, saben que la crisis no se resuelve con medidas monetarias, como lo han dicho el gobierno y las autoridades monetarias. El FMI plantea la salida fiscal, que es la correcta, y las autoridades del Banco Central, y muy principalmente su cabeza, sin dudas uno de los mejores economistas del país, con credibilidad y experiencia probada, deben aprovechar el momento para impulsar la iniciativa.

Lo anterior viene a cuento, porque no es un secreto que la reducción de la tasa de interés ha desestimulado la demanda de certificados cero cupón, lo demuestra el hecho de que hasta febrero pasado el Banco Central había dejado de recibir alrededor de ocho mil millones de pesos. Si se suman los siete mil millones de pesos que el gobierno ha desmonetizado en el Banco Central, a través del Banco de Reservas, en el período diciembre del 2004- abril 22 del 2005, recursos que el gobierno puede demandar en cualquier momento, cuando se decida reiniciar las inversiones, el peligro de una brusca devaluación no es asunto teórico. En cualquier momento, en las calles podrían estar buscando dólares alrededor de quince mil millones de pesos.

El gobierno y el Banco Central tienen que estar al tanto, y preocupados, porque en el mes de octubre venidero se vencen treinta mil millones de pesos en certificados de inversión, y como la mayoría corresponde a los bancos comerciales, es probable que éstos se decidan a devolver los depósitos al público. Si eso sucede, estamos hablando de que sólo en ese mes de octubre se podrían estar comprando muchos dólares en el mercado de las divisas, para aprovechar la subida de interés en los Estados Unidos, que según todos los pronósticos, estará entre cuatro y cinco por ciento. Si salen del país, el aumento de la tasa de cambio sería brusco, y pudiendo alcanzar un nivel que ni siquiera me permito pensar, y de nada hubiese servido el esfuerzo de los dominicanos, en términos de pérdidas de más de 23 mil empleos en zonas francas, y muchos otros en el sector de las pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales, para mantener una tasa de cambio artificialmente baja.

Si sólo el cincuenta por ciento de los pesos liberados van al mercado de las divisas, todavía sería muy alta la fuga de capitales, y lo seguiría siendo si es la cuarta parte de los pesos la que se cambia por moneda extranjera. No se trata de una impertinencia, es una realidad que deberá ser enfrentada. Por su delicadeza, y posibles implicaciones para la estabilidad macroeconómica, y en el entendido de que las autoridades monetarias apoyarán una reforma fiscal profunda, que produzca el dinero necesario para pagar el déficit cuasi fiscal, y para ir desmontando en el tiempo los certificados de inversión, el tema debería ser objeto de discusión ahora con el FMI, para adelantarse a cualquier situación perniciosa. También debería plantearse una flexibilización en cuanto al déficit cuasi fiscal, para elevar la tasa de interés pasiva.

Hay que salir de la trampa en que la política económica ha metido los principales precios de la economía. La tasa de interés baja y la tasa de cambio apreciada, al mismo tiempo no deberían coexistir, eso lo aconseja la literatura económica. La gente sabe que, si bien ahora el peso está artificialmente y relativamente fuerte, esa misma fortaleza podría significar debilidad en un futuro, pudiéndose convertir en un incentivo para exportar capitales, lo que nadie, absolutamente nadie, quiere que suceda, porque todos salimos perdiendo. No podemos sentarnos a llorar en silencio.