Débiles, irresolutas, han sido las autoridades que en estos momentos se rompen la cabeza porque sus previsiones para sostener el servicio eléctrico conjurando sus malignos déficits no alcanzan y hay que buscar dinero de donde sea, probablemente  a costa de capítulos de gastos importantes para la nación. Se trata de las mismas autoridades que hace unos años fueron convencidas de que el robo de energía debía ser perseguido y castigado para que el sistema sea productivo y pueda invertirse con rentabilidad. Luego pospusieron por  populismo y débil volutad  el momento de comenzar a aplicar la ley creada al efecto; y luego, tras comenzar a hacerlo, se refrenaron para no chocar con intereses. Si se cobrara la luz a los grandes y medianos defraudadores,  probablemente no habría apagones financieros .

Son las mismas autoridades que descubrieron un descomunal fraude empresarial eléctrico  en la parte oriental de Santo Domingo,  por el que finalmente no se pidió mucha  cuenta después. Las mismas autoridades que denunciaron que en la más lujosa zona de torres capitalinas abundaban usuarios de altos ingresos  reportando  inexplicables facturaciones bajas, indicio de fraudes impresionantes. Como no se ha procedido judicialmente en consecuencia, habría que  deplorar con indignación  la falta de temple  para poner el cascabel al  gato y llevar orden al sistema.

Percepciones y realidades

Las  autoridades trataron  recientemente de tranquilizar a los santiagueros diciendo en una reunión con la prensa que las estadísticas  no confirman que en aquella provincia ocurra en estos momentos un incremento de los actos delictivos. Aunque se insistió en que el  alto nivel  que se   atribuye a la criminalidad es de  “percepción”,  organizaciones representativas del Cibao han seguido expresando   preocupación por la delincuencia. La dura verdad de que en las calles hay más riesgos que antes, no se puede tapar con un dedo. Además no hay porqué subestimar la “percepción”  de la gente. Muchas agresiones a ciudadanos o a sus bienes  no van a parar a los registros policiales y judiciales. A veces porque no revisten gravedad y otras veces porque la gente no  las denuncia por falta de confianza en las investigaciones. Se equivocan  las autoridades si creen que la sensación  colectiva de inseguridad proviene del impacto de las noticias. El pueblo es el que más cerca está de los hechos tal cual son  y reacciona en consecuencia.