Aunque la economía del país es estable, será difícil a corto plazo avanzar hacia mejores escenarios. Un monitoreo del avance hacia las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) para 2015 acusa avances y retrocesos que dejarán sin satisfacer capítulos como el del empleo de calidad, cobertura plena de la seguridad social y otros servicios, y otros aspectos relevantes de desarrollo humano. Estos avances, retrocesos y algo de incertidumbre, tienen su origen en las limitaciones financieras que le imponen al Estado cargas como el subsidio eléctrico, que supera lo que se invierte en salud y que alcanzará este año US$1,200 millones, el déficit fiscal sostenido y la enorme carga en materia de servicio, interés y capital de la deuda, entre otros factores. Por esta causa ha sido necesario recortar asignaciones para obras como la continuación de la segunda línea del Metro, por ejemplo.

A grandes rasgos, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Temístocles Montás, y otros técnicos de su equipo, expusieron en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio aspectos de la realidad económica del país. La cobertura del subsidio eléctrico sigue siendo una prioridad, y lograr reducirlo en base a un abaratamiento de la energía depende de modificaciones en el patrón energético. Pero hay indicadores bastante positivos, como los logros en educación, que alientan las expectativas hacia 2015.

UNA REGULACIÓN MUY ESPERADA

El superintendente de Bancos, Rafael Camilo, ha dado una información que regocija. Esa dependencia regulará, dentro de poco tiempo, el uso de la data crediticia de las personas por parte de los organismos de crédito del sistema financiero y el comercio en general. Ha habido mucho uso insano de los datos de personas que, aún habiendo tenido dificultades para el saldo de obligaciones comerciales, son sujetos de crédito que han sido perjudicados por ese manejo.

Por una regulación de este tipo ha estado propugnando Proconsumidor, un organismo que ha expresado preocupación por el alto número de casos de abusos mediante el uso indebido de datos crediticios de las personas. La ocasión debería ser propicia para desmontar distorsiones que una parte del comercio propicia por medio de una aplicación antojadiza de las normas de venta condicional a crédito.