Llamó mucho la atención el candor y la ingenuidad (otros lo llaman cinismo) con que el presidente Leonel Fernández anunció su intención de aprovechar el capital de los fondos de pensiones para construir viviendas.

Veinticuatro horas después, sectores vinculados a estos ahorros opinaron en contrario. Consideran que este gobierno no califica para tener en sus manos el futuro de millares de trabajadores cuando les llegue la situación de retiro.

Tratando de ser justo en el análisis de esta ambición presidencial, habría que imaginar a Leonel en un banco comercial solicitando la obtención de ese préstamo. La primera pregunta que establece el protocolo gerencial bancario es: ¿Qué va a hacer con ese dinero? Supone el prestamista que debe existir un estudio de factibilidad en el que se establezcan los objetivos fundamentales, los medios para alcanzarlos y una estimación del retorno de la inversión.

Desgraciadamente, la petición presidencial para apoderarse de los fondos de pensiones no está acompañada del ineludible plan técnico y operativo exigido por las instituciones financieras. Nada sorprendente porque las obras realizadas por el gobierno han sido, a menudo, fruto de la espontaneidad y de la improvisación.

La segunda petición del gerente sería: ¿Cuál es la situación financiera de quien solicita el préstamo? Imagino al doctor Fernández Reyna tragando en seco al informar al oficial bancario que el gobierno dominicano tiene un déficit cuasi-fiscal inmanejable y que la eficiencia en los cobros de la energía eléctrica y otros rubros está muy por debajo de las expectativas. Además, que los gastos del gobierno son mayores que los ingresos y no hay posibilidad de que, a corto plazo, esta situación se vea superada a menos que se impongan desagradables impuestos sobre la población.

Entonces, diría el funcionario bancario: ¿Cómo va a pagar los intereses y el capital de este préstamo? Aprovecha la pausa para informar que, por ley, los intereses a pagar por el uso del capital del Fondo de Pensiones serían, aproximadamente, una vez y media el TIPP (Tasa de Interés Pasiva Ponderada). Leonel volvería a tragar en seco porque el Banco Central cerró el mes de noviembre de 2008 con el TIPP en 13.44%. Eso quiere decir que con la calificación Fitch que tiene su gobierno, desde el inicio de la operación pagaría no menos de un 20%.

En su interno, él sabe que con las ventas de viviendas populares nunca se han logrado cobros inmobiliarios a esos niveles. Estos proyectos casi siempre han terminado en donaciones políticas clientelistas. Queda evidenciado entonces que Leonel no tiene capacidad de pago para asumir ese préstamo ni para cumplir puntualmente, a menos que comprometa a su gobierno con otro insoportable subsidio a la tasa de interés.

El gerente bancario, habiendo escuchado las explicaciones, procesa la información recibida e indaga sobre el comportamiento del solicitante con préstamos anteriores. Descubre entonces que éste ha desarrollado una supervisión deficiente de los bienes del Estado, sin transparencia y con abundantes denuncias de corrupción gracias a la forma de contratar las obras públicas. Asimismo, confirma que la nómina gubernamental es excesiva por los suntuosos salarios y otros privilegios de centenares de Secretarios y Subsecretarios de Estado, miles de Cónsules y diplomáticos, así como innúmeras y privilegiadas pensiones millonarias.

Además, entre los proyectos más promocionados para realizar por el solicitante están unas líneas ferroviarias que, de seguro, tendrán que ser subsidiadas, así como unas plantas de generación eléctrica con carbón cuya ineficiencia estaría garantizada de antemano. Pero sobre todas las cosas, el funcionario bancario descubre que, si el préstamo solicitado fuera aprobado, los fondos estarían siendo desembolsados cuando se aproximara la campaña electoral para la elección de congresistas y funcionarios municipales.

Vistas las experiencias anteriores, resulta muy probable que gran parte de esos fondos de pensiones pudieran ser desviados hacia el clientelismo populista. Evidentemente, dentro de las normas prudenciales de las instituciones financieras, el solicitante no califica para garantizar que el préstamo solicitado sería pagado en tiempo y forma. Entonces, el rechazo a esa solicitud es comunicada a la Superintendencia de Pensiones por no calificar para un préstamo de esa magnitud.

Sólo que la Superintendencia está encabezada por personas designadas en esos cargos por obra y gracia del solicitante del préstamo.