FERNANDO I. FERRAN
Así se encuentra la nación dominicana, entre la exclusión arbitraria y la forzada inclusión en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y los países centroamericanos. Lo sorprendente es que hemos llegado a esta situación luego de hacer lo mismo que otros hacen, es decir, defender nuestros intereses. Analicemos pues esta compleja y aleccionadora situación. Se ve a todas luces que si la exclusión de República Dominicana del DR-CAFTA se sigue por efecto del torniquete puesto al país en razón del 25% de impuesto selectivo al consumo a las bebidas gaseosas endulzadas con sirope de maíz, perderemos injustamente poco más de 23 mil empleos y un número aún indefinido de inversiones y negocios teóricamente asociados con la entrada en vigencia del tratado internacional en cuestión.

Y se ve por igual que si los legisladores dominicanos eliminan dicho impuesto para evitar aquella exclusión, entonces nuestro sector agrícola, comenzando por las actividades azucareras y arrocera, quedará expuesto a la competencia desleal de los subsidios estadounidenses al agro, de igual modo que la industria farmacéutica local estará en desventaja por el régimen de propiedad intelectual estipulado en el DR-CAFTA.

Lo que hasta aquí no aparece con toda claridad es que no se trata de un juego de intereses solamente del lado dominicano. Ningún negociador estadounidense se atrevería a ir en contra de los productores agrícolas norteamericanos y ningún legislador en particular contravendría a sus electores directos. De ahí que tanto Robert Zoellick, representante comercial estadounidense, como Charles E. Grassley, senador por el estado de Iowa y presidente del Comité de Finanzas del Senado norteamericano, no vayan en contra de los productores de maíz, de dicho estado y opten por cerrarle el paso de la integración comercial a naciones como la dominicana.

Sin embargo, lo más desconcertante de todo este incidente es la doble vara con que se mide lo mismo. El Congreso dominicano pone un impuesto al consumo no discriminatorio y recibe una advertencia de exclusión. Algo análogo acontece en México y más recientemente en Australia, pero nadie se atreve a hablar de exclusión y se escoge llevar los diferendos al arbitrio de la OMC, opción esta última que ha solicitado fallidamente el presidente Leonel Fernández. Tal parece que se están esgrimiendo en contra de República Dominicana, en palabras del congresista Charles Rangel, «tácticas de fuerza que no se usarían en disputas similares con otros socios comerciales».

Y por eso afirmé en el párrafo introductorio que estamos entre la espada de la exclusión arbitraria y el paredón de la inclusión forzosa. Exclusión arbitraria, pues se confunde el  interés de un pequeño pero poderoso y bien articulado sector económico de Estados Unidos, en este caso los productores de sirope de maíz, con el de toda esa gran nación, mientras se hace pagar a otra nación, la nuestra en este caso, por la falta de voluntad política para negociar una fórmula ganar-ganar en la que se recozcan sin lesionar los intereses de las partes encontradas. E inclusión forzosa, no porque en el ámbito dominicano haya habido que vencer una resistencia formal en contra del tratado de libre comercio sino porque como se dice comúnmente se les tuerce el brazo a autoridades nacionales para que no imiten a sus homólogos de otras latitudes a la hora de proteger y defender a los productores locales.

Llegados a este punto, se hace imperioso rehuir el filo de la espada y evitar el paredón. Para ello la única salida es negociar reconociendo los intereses creados y, de ser necesario, someterlos a la normativa vigente en materia de comercio mundial.

Lejos de la altivez que otorga el poder, o de la inflexibilidad que a veces aconseja la razón a quienes saben que la tienen, haya que avanzar rápidamente una o más fórmulas de concertación en las mesas de negociación en y fuera del país. De lo contrario, tan escandaloso y premonitorio de lo peor para cualquier pueblo será que una gran democracia como Estados Unidos no sea capaz de entenderse en términos de equidad con los mejores intereses dominicanos, como absurdo que esos intereses sean incapaces de comprender las necesidades nacionales y los intríngulis de la política comercial estadounidense.
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