Entre la harina y el almidón

JULIO BREA FRANCO
Uno no sabe quién quiere desorientar más “al pueblo dominicano” si los contrarios a la reelección o el Presidente que la pretende justificar. La harina y el almidón son blancos y finos pero son cosas diferentes. Sólo se puede comparar cosas comprables. Los países europeos tienen sistemas políticos distintos a las repúblicas americanas. En Europa es el sistema parlamentario, en nuestra región, el presidencial.

Se supone que el Presidente conoce muy bien esta simple y elemental diferencia. Sabe que una de las características del sistema parlamentario es la dualidad del ejecutivo: hay un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno. No tiene que ver que sea monarquía o república. En la una, el Jefe de Estado tiene un origen hereditario y es vitalicio; en la otra es designado por elección indirecta o directa y agota un mandato por un período de tiempo determinado.

El Jefe del Gobierno -Primer Ministro, Presidente del Gobierno, Canciller, Premier- es otra cosa. Es miembro del parlamento al que accede como candidato elegido en una circunscripción o distrito electoral. Como candidato pertenece a un partido político y en la práctica suele ser el líder del mismo.

El gobierno es una derivación de la correlación de fuerzas en el Parlamento que es el órgano de mayor peso en la dirección política del Estado. Como tal, no es elegido por el cuerpo electoral directa ni indirectamente. Requiere de la voto de confianza de la mayoría parlamentaria. Por consiguiente, no puede hablarse de elección, menos de reelección.

En el vocabulario político, y en el debate que se genera en nuestros países, reelección se refiere al Presidente de la República. No tiene nada que ver con los Reyes y las Reinas. Es por eso que ni siquiera en el Internet aparece documento alguno sobre la elección y reelección, por ejemplo, de la Reina Isabel II de Gran Bretaña ni de Don Juan Carlos I de España. La única monarquía no hereditaria y, por ende, electiva es la del Vaticano. Es la excepción que confirma la regla.

Entonces, hablar de reelección en España y Gran Bretaña, en el caso de los primeros ministros ingleses y los presidentes de los Gobiernos españoles no tiene ningún sentido, es desorientador y manipulador y, por tanto, en vez de reforzar un pretendido argumento, lo debilitan en mucho.

Es cierto que también existen república semi-presidenciales: sistemas parlamentarios en los que el Jefe de Estado es elegido no por el parlamento ampliado, como en el caso de Italia, sino directamente por el cuerpo electoral. Fue una novedad introducida por De Gaulle que caracterizó con ella la Quinta República francesa. Así ocurre también en Portugal, Australia, Alemania y otros más. En estas constituciones se guarda silencio sobre la posibilidad de reelección del Jefe de Estado y en otras se permite por un solo período adicional. La mecánica de estos sistemas políticos es muy diferente a las repúblicas presidenciales.

Apoyarse en la permisividad de la reelección no es una razón válida para inclinar la balanza en un sentido o en otro. La reelección no es ni buena ni mala. Es similar a una pistola o un fajo de billetes de mil pesos. Todo dependerá el uso que se haga con ellos. La aceptación o prohibición de la reelección es una simple regla de juego político. Pero eso no implica que sea una condición digamos “natural” de los sistemas democráticos.  Cada país, aún en el tiempo de globalización y extraordinario desarrollo de las comunicaciones como el que vivimos, es un pequeño universo con una historia propia, con una secuela de experiencias buenas y malas. En América, la reelección, en sus sistemas presidenciales, no ha sido buena ni siempre positiva.

Vista en perspectiva, entonces, la circunstancia que un Presidente en ejercicio, pueda ser reelegido, produce ruido. Por lo pronto estimula a que se pierda la objetividad necesaria en el cumplimiento de su programa político. Tienta a importantizar aspectos contingentes a favor de sus intereses y adoptar medidas que piense le puedan acarrear una votación favorable. Y aún más: al ocupar una posición política privilegiada puede con facilidad romper el nivel tolerable en la igualdad de oportunidades que debe primar en la competencia política.
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