El Estado no existe si no por un contrato estipulado, entre El Estado, Ley y Ciudadanía, además de los cuerpos de administración de dar leyes y de ejecutarlas. (Jean-Jacques Rousseau, El contrato Social CAPÍTULO XVII).

Los gobiernos como administradores del Estado se deben al pueblo que los legítima y sostiene. Esa es en resumen la lógica en la teoría de la democracia moderna, el gobierno administra el Estado y el Estado dirige al pueblo en una relación de dependencia mutua.

La administración de riquezas y recursos colectivos supone una serie de normas y condiciones para mantener la distribución de manera equitativa y priorizar las capas sociales más necesitadas. En tal sentido, los países modernos se dan un presupuesto general del Estado.
La constitución dominicana contempla toda una sección al tema de presupuesto y gastos públicos. Sección I del capítulo II que versa sobre las finanzas públicas, en dicha sección se establecen las formas y los plazos y fuentes para la elaboración del presupuesto nacional, también los criterios para la asignación de los recursos.
El artículo 238 estipula lo siguiente: Criterios para asignación del gasto público. Corresponde al Estado realizar una asignación equitativa del gasto público en el territorio. Su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los principios de subsidiaridad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y economía.
Nótese que la carta magna obliga al estado a programar, planificar y evaluar la asignación presupuestaria, partiendo de criterios de eficiencia, prioridad y economía, pero sobretodo subráyese el concepto de equidad, que debe ser tomado en cuenta para la distribución territorial.
El Presupuesto General del Estado para el año en curso, establece un total de RD$816, 565, 340, 417 pesos, según las publicaciones de fuentes oficiales. Hemos de suponer que todos estos recursos públicos han de ser distribuidos conforme los criterios constitucionales, pero eventos recientes han puesto a una parte de la población a indagar sobre la ejecución presupuestaria y el asombro colma las redes sociales.
Ojear el presupuesto y tropezarse con una vasta lista de organizaciones, fundaciones, iglesias, concilios, patronatos y asociaciones con asignaciones presupuestaria la verdad que llama a una reflexión seria del rol del gobierno como administrador de lo público. Organizaciones que reciben desde 180 mil pesos (Federación de juntas de vecinos de el Guabay) hasta 25 millones pesos como (el servicio social de iglesias dominicanas.
Nombres y montos resaltan por doquier, diversas son las instituciones y ministerios desde los cuales se transfieren los recursos. La presidencia de la república transfiere unos 428, 351,486 pesos a una lista de instituciones. Lo propio se hace desde el Ministerio de Educación con unos 327, 415,000 pesos, el Ministerio que más dinero transfiere es el de salud pública con un monto de 526, 561,600 pesos. En total, del presupuesto de este año se consignan unos 1, 788, 291,986 pesos.
En la preciada lista resaltan nombres sonoros como: fundación Joaquín Balaguer; 12 millones de pesos, Escuela de Formación y Capacitación Tecnológica José Francisco Peña Gómez; 12 millones, la Juan Bosch 12 millones, Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica, 6, 632,100 pesos. Otras como la Fundación Salud y Bienestar con 4,400,000 pesos, Radio Marien 4, 500,000 pesos, Casa Abierta; 23 millones, entre muchas, muchas otras de estas que manejan presupuestos superiores a los de ayuntamientos municipales y hospitales llama mucho la atención.
Si bien es cierto que muchas de esas instituciones realizan labores que aportan al desarrollo del país y realmente utilizan estos recursos de manera diáfana y apegada a la ley, la mezcolanza que se da, la poca transparencia en sentido general, la falta de equidad, el clientelismo, amiguismo y favoritismo en el proceso de aprobación y la desproporcionalidad en los montos, estimula a la creación de nichos de corrupción y mal uso de recursos públicos que se disuelven como la sal en el agua.