El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega dictó auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo López Florencio, alias Micky López, y otros integrantes de la supuesta red que encabezaba, dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.
La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, quien preside este tribunal, en contra de López, de sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también en contra de Ada Marie Pilarte.
En el proceso también fueron admitidas las empresas Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL., Auto Crédito Selecto, SRL y Compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL, quienes eran utilizadas por esta red como medios para el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal también acogió la calificación jurídica otorgada al proceso por el Ministerio Público, en la que establece que el comportamiento de los miembros de esta red constituye una violación a los artículos 2 acápite XLVII sobre Tráfico Internacional; 4 letra E sobre patrocinador del narcotráfico; 7, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, así como los artículos 66, 67, 69, 70, 71, 83, 86, de la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Además, violaron las disposiciones de los artículos 2 numeral 11, 3 numerales 1, 2, 3, 7, 4, 9 y numerales 1 y 2, 23, 24, 25 de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y los artículos 50, 52, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 221. 222, 236, 238, 239, 248, 249, del Código Tributario Modificado por la Ley 11- 92.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la fiscal Aura Luz García, Fiscalía de La Vega, ha establecido en su acusación que esta red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, teniendo como López Florencio.
Los integrantes de la «red», a través de la estructura que conformaron, lograron movilizar en el sistema financiero dominicano, más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas y según lo hace constar el Ministerio Público en su acusación.
El órgano persecutor establece que los acusados blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los vinculados «se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad».
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