Quito.– La justicia ecuatoriana ordenó hoy la prisión preventiva para un exministro de Electricidad dentro del llamado caso Odebrecht, en el que se investiga sobre supuestos sobornos de esa compañía en el país andino, informó el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.

“URG Jueza dispuso prisión preventiva para Alexei M. y arresto domiciliario para Marcelo E. #CasoOdebrecht”, escribió Chiriboga en su cuenta de Twitter en la que, conforme a la legislación del país, no publica todo el apellido de los implicados.

La instrucción fiscal durará 90 días “y los 2 procesados no podrán enajenar bienes”, añadió Chiriboga que apuntó que la jueza también dispuso “la retención de cuentas” de los implicados.

En marzo pasado, Chiriboga, y el procurador general del Estado, Diego García, se reunieron en Washington con los representantes y abogados de la empresa brasileña en busca de un acuerdo para que esta última suministre a las autoridades ecuatorianas información sobre los supuestos sobornos pagados en el país andino.

Asimismo, se busca un acuerdo sobre las indemnizaciones que la multinacional brasileña debería pagar a Ecuador por los daños causados.

El pasado 24 de febrero, la constructora brasileña, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, indicó que había avanzado en acuerdos para colaborar con la justicia en algunos de los países en los que es investigada.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África. Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador aseguró que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

“Solamente cuando se hayan conocido los contratos, el esquema de corrupción utilizado, los montos entregados y la forma como se movió o transfirió ese dinero, se podrá determinar cuáles son las instituciones involucradas y establecer la cuantificación del perjuicio ocasionado, con lo cual se podrá calcular una cifra de indemnización”, expresó en marzo la Procuraduría.

Según la institución ecuatoriana, Odebrecht “pretendía llegar a un acuerdo sin entregar información alguna” y conseguir que el Estado ecuatoriano declarara que no hubo irregularidades en los contratos firmados. Pero la Procuraduría explicó que ello no es posible sin que los contratos sean revisados por la Contraloría General del Estado.

La firma también quería que Ecuador no pueda exigirle información adicional ni imponerle indemnizaciones o multas, pero “esto ha sido rechazado y no se incluirá en un posible acuerdo”, dijo entonces el organismo ecuatoriano.

El acuerdo solo será posible si la empresa entrega la información detallada que se le requiere y mientras tanto la Fiscalía continuará con las investigaciones iniciadas para obtener la información por medio de la cooperación penal internacional y de otros mecanismos de investigación, agregó la fuente.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró el pasado 18 de marzo que la constructora pide “imposibles». “Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó, es una claudicación del Estado brasileño, porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ninguno penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país, cosas realmente inadmisibles”, manifestó Correa. “Mientras yo sea presidente, esta empresa no vuelve a pisar el país, compañeros, ni un centavo para esta empresa”, recalcó entonces el gobernante ecuatoriano.