Un juez abrió un proceso contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, por supuestamente saber de desvío de fondos y no denunciarlo, y dictó prisión su preventiva, con lo que se convirtió en el primer miembro del gabinete del exmandatario en pisar la cárcel.
Robles está acusada de “ejercicio indebido del servicio público». Según la fiscalía, habría tenido pleno conocimiento de las irregularidades desde junio de 2014 pero no las denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas que la fiscalía cifra en 260 millones de dólares.
El juez también solicitó a la Fiscalía General que precise e investigue cómo Robles informaba al presidente Peña Nieto lo que ocurría en sus departamentos, explicó a la AP un miembro del Poder Judicial que pidió el anonimato por no tener autorización para hacer declaraciones. El objetivo sería clarificar si el mandatario pudo o no tener conocimiento de las irregularidades. Nadie duda del impacto de este procesamiento, el primer gran caso que se judicializa contra un funcionario de alto nivel de la anterior administración.
Sin embargo, mientras algunos analistas lo consideran una muestra de la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, otros piden tiempo para ver si esta tendencia se consolida.