POR CARMEN CARVAJAL
La República Dominicana debe aprovechar el consenso general sobre la necesidad de darse una reforma fiscal moderna, de largo alcance, que elimine las distorsiones, promueva la equidad y sobre todo, que oriente el gasto público como un instrumento de desarrollo.

Dos economistas consultados y dos propuestas formales presentadas a la comisión que busca consenso sobre la reforma, coinciden en la profundidad de los cambios a realizarse, aunque difieren en algunos aspectos.

El economista y consultor Alfonso Abreu Collado estima que el momento es oportuno para promover una reforma que trascienda la coyuntura y contribuya a la transformación de nuestra estructura tributaria y a mejorar la calidad del gasto público.

En tanto, Jochi Vicente, economista y ex presidente de la ANJE, entiende que el país debe darse una reforma de largo plazo, que homologue su estructura fiscal a los países desarrollados, la que, además, debe estar acompañada de una serie de leyes y medidas que contribuyan al desarrollo institucional de las finanzas públicas.

Asimismo, el Centro Nacional de Investigación Tributaria (CENIT) aboga por una reforma fiscal integral que abarque los ingresos, los gastos y los activos pasivos del Estado.

Para el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo (CES) y el Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA) la reforma tributaria debe contribuir a reformar y eficientizar el Estado y prepararlo para hacer frente a los retos del desarrollo, apoyar a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, a una distribución más equitativa de la riqueza y al fortalecimiento de la competitividad y la reconversión del aparato productivo.

LOS ECONOMISTAS

Abreu Collado aboga por una reforma de largo alcance en el ámbito fiscal, que no se limite a la parte tributaria, sino que abarque aspectos del gasto público tales como la elaboración y ejecución de presupuestos por resultados y la selección de inversiones públicas de acuerdo al análisis de costo-beneficio en el orden social.

También, la asignación de obras y compras gubernamentales respetando los concursos y las licitaciones, reforzar las normativas para garantizar el respeto a los procedimientos de contraloría al momento de los desembolsos y el uso de los recursos asignados a los diferentes organismos del sector público.

La reforma debe incluir una política crediticia que garantice racionalidad al momento de acudir al endeudamiento externo o interno para financiar el gasto gubernamental.

«Asimismo, una reforma fiscal que se precie de completa y abarcadora debe contemplar medidas administrativas colaterales para prevenir el gasto dispendioso de que muchas veces hacen gala los organismos públicos centralizados y descentralizados, ya sea en el equipamiento y amueblamiento de oficinas y despachos, como en la adquisición y el uso, para fines no oficiales, de vehículos y combustibles pagados por el Estado.»

Jochi Vicente, en tanto, entiende necesario corregir las distorsiones e inequidades impositivas existentes en la estructura fiscal criolla, ya que existen sectores de la economía que son gravados desproporcionadamente con relación a otros, por la única razón de que es fácil gravarlos.

Aboga, además, porque junto con la reforma fiscal se aprueben leyes que institucionalicen las finanzas públicas, que controlen el gasto público para establecer topes al endeudamiento para las licitaciones públicas.

«También, es necesario darle, de una vez y por todas, independencia total al Banco Central y establecer una Junta Monetaria totalmente profesional y a tiempo completo. Estas reformas adicionales garantizarán la no ocurrencia de desequilibrios fiscales y/o monetarios y, por lo tanto, minimizarán la necesidad de establecer nuevos impuestos, por lo menos, durante la próxima década», afirma Vicente.

EL CENIT

El Centro Nacional de Investigación Tributaria propone que por el lado del ingreso debe ampliarse el universo de contribuyentes, reducir la evasión, especialmente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados, ITBIS y del Impuesto sobre la Renta (ISR) y perfeccionar ambos impuestos, más el selectivo al consumo.

En lo relativo al ITBIS, sugiere la ampliación de la base imponible con una tasa reducida, rebaja gradual de la tasa ordinaria, generalización de los mecanismos de retención en la fuente e incentivo al uso de las tarjetas de crédito y de débito.

Recuerda que cerca del 50% de los bienes y servicios están exentos del gravamen, cuando en América Latina el porcentaje promedia el 85%. La propuesta incluye un calendario de reducción gradual de la tasa y aumento de la base del impuesto, que culminaría en el 2008.

Con respecto al ISR, la propuesta incluye la revisión de los tramos, la creación de deducciones degresivas (mientras mayor sea el ingreso, menor será la deducción por concepto de exención contributiva o de otras deducciones), el diseño de programas de incentivos y el cobro de impuestos a los intereses bancarios.

Propone que se amplíe el universo del ISR corporativo, cumplir con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante la convergencia paulatina del régimen normal y con el de zonas francas, descenso gradual de las tasas y el fomento de la inversión en capital humano y físico mediante incentivos fiscales.

Sobre los impuestos al comercio exterior aboga por la eliminación absoluta del recargo cambiario y la factura consular y los aranceles a los bienes de capital y materias primas, así como la eliminación progresiva de los aranceles a los productos de la Unión Europea, para cumplir los acuerdos de Cotonú.

Sobre los Impuestos Selectivos al Consumo entienden que deben simplificarse los regímenes, eliminando los de bajo rendimiento, perfeccionarlos para proyectar mejor las recaudaciones y aumento sostenido de las recaudaciones mediante su aplicación a los combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco, las transacciones financieras y las telecomunicaciones.

En cuanto a los gastos, el CENIT aboga porque se ajuste el gasto al nivel de los ingresos, y no al revés. Además, que se programe la inversión pública llevando al máximo el retorno de cada peso erogado y que su composición busque satisfacer prioridades de las provincias, orientarlo a los sectores multiplicadores y mejorar la calidad de los servicios sociales en materia de salud, educación y vivienda.

En lo relativo a los activos, sugiere reducir gradualmente las actividades económicas que derivan del sector privado, aumentar la intervención como regulador para resolver el conflicto de intereses entre un Estado regulador y agente de mercado, pero preservando y fortaleciendo la equidad social en la economía y fortalecer su papel de promotor del comercio exterior.

Sobre los pasivos, propone renegociar la deuda externa, convirtiendo a largo plazo las de corto plazo; cambiarle el perfil, privilegiando los financiamientos concertados con los organismos multilaterales y aplicar íntegra y por ley, el producto de la venta de los activos del Estado o cualquier superávit al pago de la deuda pública, para evitar mayores cargas fiscales relativas al déficit cuasi fiscal.

CIEGA Y JUAN MONTALVO

La propuesta conjunta de ambas entidades sobre el ITBIS es que no se aumente la tasa de un 16 por ciento y que se mantengan las exenciones a bienes y servicios básicos, como la canasta alimenticia, los combustibles y el transporte, la electricidad, educación y salud.

Respecto al ISR, proponen bajar el mínimo exento a las personas físicas asalariadas a RD$180.000 anuales y ampliar el número de tramos y tasas: 5%, 10%,15%, 20%, 25% y 30%.

Estima que de esta forma se ampliaría la base imponible incluyendo a sectores de ingresos un poco más bajos, sin afectar significativamente la equidad del impuesto, ya que a estos tramos se les aplicaría la tasa más baja de un 5% y por tanto, no tendría un impacto muy fuerte en sus ingresos.

Con respecto al impuesto a la vivienda suntuaria, proponen mantener la tasa del 1% sobre la propiedad suntuaria y a toda la propiedad inmobiliaria, productiva y no productiva, exceptuando propiedad agrícola y minera y reducir el actual nivel de exención a RD$ 3,000,000 (ajustados de acuerdo al nivel de inflación y revalorización de la propiedad inmobiliaria) sobre la base del valor de la propiedad.

Sugiere, además, mantener las tasas del selectivo a consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y añadirles un ad valorem de 10%; uniformar la tasa del ISC para automóviles a 20% e incrementar el costo de placa para vehículos de alto precio. También sugiere eliminar los impuestos a las transacciones financieras.

El Centro Juan Montalvo y el CIECA abogan, además, por la eliminación de todos los subsidios a los hidrocarburos y focalizar el subsidio a la electricidad sólo en los beneficiarios del Programa de Reducción de Apagones, conocido como PRA.