La ley 173-07, sobre Eficiencia Recaudatoria, es un nuevo instrumento que hay que sumar a otros que han permitido modernizar y mejorar el régimen tributario del país.

Se trata de un paso de avance en el proceso de dotar al país de una tributación más eficiente, que reduzca a expresiones mínimas las evasiones, directas o indirectas.

También avanzamos en el sentido de fiscalizar y  gravar las ventas fuera de libro, es decir aquellas que se practican de manera informal, sin registros tributarios o fiscales y que no rentan beneficios al erario.

El Número de Comprobante Fiscal se inscribe en el esquema de búsqueda de eficiencia en las recaudaciones, y ya tenemos resultados tangibles derivados de su aplicación.

En lo que va de año, los ingresos fiscales han sobrepasado las estimaciones hechas por los técnicos del Gobierno y han generado excedentes que, sumados a otros ingresos coyunturales, sobrepasan los diez mil millones de pesos, suma que ha motivado la elaboración de un presupuesto complementario para darle uso a esos recursos.

Todo lo anterior, más los efectos de la “Rectificación Fiscal”, ha permitido mejorar las finanzas públicas y recuperar con creces lo dejado de percibir en virtud de los desmontes arancelarios que forman parte de los compromisos del DR-CAFTA.

 II

Sin embargo, esta búsqueda de eficiencia en las recaudaciones, que sin duda ha dado buenos resultados, no ha influido de manera sensible para lograr un equilibrio en términos fiscales.

Los impuestos al consumo, que de cualquier manera que se miren tienen influencia en los índices de inflación, continúan siendo un factor que presiona considerablemente el presupuesto de las familias más pobres.

Hay bienes y servicios de demanda  masiva que están afectados por impuestos que los encarecen de manera exagerada y que merecerían ser revisados.

 La eficiencia en las recaudaciones tiene que pretender también un poco de justicia en la distribución de la carga tributaria, de manera que las familias menos afortunadas dejen de percibir presión exagerada.

Hay demasiado presión tributaria sobre una franja de productos que corresponden a la canasta de las familias más pobres, mientras  hay ganancias y rentas que podrían soportar más carga de la que se les aplica.

 El Gobierno tiene que tomar en cuenta que muchas de las cargas que no afectan directamente a los pobres, finalmente son transferidas a éstos a través de los precios de algunos bienes y servicios.

En aras de lograr justicia en la distribución de la carga tributaria  se debe trabajar en el diseño de estrategias que permitan establecer cómo afectan a la población de más bajos ingresos los impuestos que afectan los grandes capitales, las grandes ganancias.

El país ha avanzado considerablemente en materia de eficiencia para la captación de impuestos y reducir las evasiones, pero hace falta que ponga en marcha los estudios necesarios para distribuir más equitativamente la carga tributaria y sus efectos sobre los precios de la canasta familiar.

Inclusive, hay que ponderar hasta qué punto son justos los niveles de ciertos impuestos y sus efectos en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Hay quienes consideran que los rangos de impuestos están perjudicando a los negocios de poco capital a través de los costos, lo que se traduce en alzas de precios y pérdida de la seguridad en los empleos. De la Eficiencia Recaudatoria tenemos que pasar a la justicia distributiva de la carga fiscal.