ANTONIO GIL
Siempre he admirado el trabajo de sacerdotes como el padre Ruquoy. Solamente el vivir en un batey, sobre todo como los del ingenio Barahona, es una heroicidad, especialmente para los que estamos acostumbrados a la ciudad y Ruquoy, aún peor para él, es belga. Lo mismo debo decir de otros sacerdotes.

Pero me temo que al declarar a los haitianos como hijos propios, estos sacerdotes de bateyes se saltaron una cerca prohibida para hombres de fe y están en zona peligrosa. Su decisión violó las leyes dominicanas y contraviene el Concordato firmado entre el Estado Dominicano y El Vaticano. Además, declarar, a sabiendas, hijos de otros como propios, contravienen leyes y reglamentos del Registro Civil. Al hacer una afirmación que saben que no es cierta, en un documento público, se transita por un sendero que afecta la veracidad de la escritura pública y contraviene los códigos Civil y Penal dominicanos, además de que choca con principios elementales de moral que es el lado fuerte de la Iglesia. Pero, aún peor, al mismo tiempo, al hacerlo, indujeron a otros a violarlos.

Los sacerdotes católicos, en virtud del Concordato, se establecieron con poderes para hacer las veces de oficiales del estado civil en el caso de los matrimonios y hubo una oportunidad en que los documentos católicos, para las autoridades consulares extranjeras, como las actas de bautismo, eran más confiables que las actas de nacimiento oficiales.

El peligro para la Iglesia de lo que hizo el padre Ruquoy está en que de ahora en adelante es un punto de referencia para los detractores de los religiosos, porque se puede alegar que si fue capaz un sacerdote de mentir en ese documento ¿por qué no lo haría en otras cosas más o menos graves?

La existencia del Concordato crea condiciones de privilegio para los sacerdotes, pero al mismo tiempo los carga de obligaciones frente al país y sus leyes.

Todo el que ha declarado un hijo en los pasados 30 años sabe la cantidad de documentos y certificaciones que requieren los oficiales del estado civil. Por lo menos conozco de esa experiencia personalmente. Es un engorroso proceso para los que estamos legalmente casados y todavía más engorroso para los no casados. Entonces, ¿cómo el padre Requoy pudo hacerlo, teniendo el agravante de que todos en la región y en el país saben que es un sacerdote católico?

El padre Ruqouy ha hecho un trabajo admirable, pero en este punto quebró un principio elemental y coloca a la Iglesia en situación delicada.

Si los sacerdotes pueden hacer estas cosas con el consentimiento general me temo que estamos cayendo en el error de querer hacer el bien con un mal mayor. Violar las leyes es algo que se hace muy frecuente entre la población y la Iglesia siempre ha predicado la necesidad del orden. Sin ley no hay orden. ¿A dónde nos conducirá esto?