La gran mayoría del pueblo dominicano está demandando a las nuevas autoridades que los corruptos de pasados gobiernos sean llevados ante la justicia. Todos debemos estar atentos al cumplimiento de este mandato. Es un requisito funcional, fundamental, para que el país sea viable.

Sociológica y técnicamente, la ley, como norma ideal, es guía de conducta ciudadana y, a la vez, una vara para medir y castigar incumplimientos. Comúnmente, somos afectos al circo de exigir cabezas para el paredón popular, sin conocer el debido proceso que la propia justicia necesita, para ser verdaderamente justa.

Es tarea compleja, aún para un Ministerio Público y una Justicia independientes: El sistema está plagado de intereses que inciden en la gobernabilidad y en los mecanismos íntimos de los estamentos y de las cortes.

Por otra parte, sociológicamente, debemos identificar cuál es la justica que le conviene a nuestro país, digamos, dentro de un concepto de gobernabilidad a corto plazo, o a largo plazo. Tradicionalmente, los gobernantes, aún deseándolo, suelen tener dificultad para ejercer la justicia. Algunos ni siquiera han intentado “marcharles” a los mayores desacatos e injusticias conocidos. A veces, no se atreven a señalarlas; ni siquiera en los casos más evidentes.
Hacer justicia es fundamental sobre todo como ejemplo frente a multitudes no capaces de seguir elementales reglas sociales y cívicas: Respetar los reglamentos viales, medioambientales e impositivos.

Hemos tenido gobernantes bien intencionados que, desconcertados o impotentes por los altos niveles de corrupción encontrados, han optado por mediatizar soluciones y echar desfalcos y latrocinios en el saco roto de la deuda pública. Otros prefirieron sobornar y cooptar delincuentes, entendiendo imposible controlar el narcotráfico y el lavado, al percatarse de la compleja complicidad entre populacho y establishment, clase media incluida. Y gobernantes que desarrollaron su propio sistema de ilegalidad e impunidad, auspiciando corruptos propios entre adláteres y vasallos.

Estemos claros en que la justicia es cosa distinta de la venganza y de complacer peticiones; y que a veces la gobernabilidad requiere aplicar el “método del follón” (según teoría de Doña Rosita): “Crear una ruptura de los sistemas referenciales de lo legal, lo moral o lo justo; para que, haciendo ineficaces lo medios legales y técnicos para detectar los culpables (del pedo), confundir y desconcertar a los reclamantes, hasta que baje la marea. Corolario: Hay sistemas que requieren de cierta dosis de caos para funcionar.

Sin duda alguna, estamos obligados a hacer justicia para que este país pueda siquiera ser viable. Se necesita una enorme dosis de sabiduría y de coraje moral para dicho propósito. El cómo hacerlo, es bastante difícil y laborioso, pues una democracia no es cuestión de juicios sumarios ni de paredones.

Ni siquiera juristas expertos y de comprobada moralidad podrían garantizar la justicia esperada. Pero lo menos que debe asegurarse en el esperado proceso es que quede claro que los delitos cometidos amparados en el poder público no deben admitirse ni repetirse jamás. Así podríamos lograr un escarmiento serio a la corrupción que amenaza dejarnos totalmente sin justicia y sin país.