La ausencia de una operación preventiva contra los accidentes de tránsito es la principal irresponsabilidad pública ante este letal problema. En Dominicana nunca se ha hecho como se debe, un programa masivo. Los dos órganos del Estado lucen desconectados, INTRANT y Ministerio de Salud. Se pensaba que la nueva ley 63-17 iba a impactar, hecho que todavía está por confirmarse.
Se llega a lo ridículo cuando dirigentes del transporte colocan pancartas en las vías con fotos y mensajes triviales. Una empresa gasta mucho dinero en publicidad para que la gente “no filme con celulares y ayude”, nimio. También se falla cuando el gobierno convierte “el respeto a la luz roja” en la principal causa, pero sabemos que no lo es. Peor, cuando DIGESETT y sus reducidos agentes, hacen emboscadas para multar por uso de celulares al manejar.
La principal solución a este problema no reside tampoco en estudiar puntos críticos referenciados para arreglar calles, redireccionar vías, colocar desaceleradores, señalizar, pintar esquinas, semaforizar con luces inteligentes, cuidar al peatón, impedir giros o disponer señales de pare. Menos aún, pretender que el efectivo Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911 lo resuelva todo. El 911 es prevención secundaria: diagnostica rápido y trata a tiempo, pero después que el accidente sucede. Lo que debe hacerse es lo que no se hace: prevención primaria antes que el accidente ocurra. Esa es una competencia de INTRANT, Ayuntamientos y Ministerio de Salud.
La DGII informa que hay 2.5 millones de motocicletas que son el 54.6% del parque vehicular y sabemos que 6 de cada 10 muertos por accidentes son motociclistas, entonces ese debe ser el punto focal de actuación. La solución está en asegurar el uso obligatorio de cascos protectores las 24 horas del día y los 7 días de la semana en el total de 2.5 millones de motociclistas y acompañantes.
Sabemos que la Dominicana en muertes por accidentes ocupa el primer lugar del mundo. Supera países de América, África, Pacífico, Asia y Europa. El principal volumen de muertos en más del 65%, lo arrojan los motociclistas. El caos es de tal magnitud que los 2 millones 500 mil motoristas transitan las vías sin ningún tipo de casco o lo utilizan a veces. En muchos casos el supuesto casco no es seguro, ni el motorista lo emplea y mucho menos sus acompañantes.

Se impone una campaña masiva de 12 meses para obligar al uso de cascos protectores seguros. La manera de suplir estos cascos es cofinanciada por el motorista, alcaldías, empresas importadoras, aseguradoras y transportistas. Los mensajes deben ser revisados por la Organización Panamericana de la Salud para evitar que las publicitarias diseñen el conjunto de disparates que diseñan.
En Santiago hay que imponer: i) el uso obligatorio de 200 mil cascos homologados para motoristas y acompañantes; ii) masiva utilización de cintas reflectivas para 230 mil estudiantes, ciclistas y motociclistas nocturnos. Asimismo, iii) realización de operativos mixtos “Salvar Vidas” para inspección de motocicletas. Igualmente, iv) programa empresas seguras que capacite en seguridad vial y dote de equipos a conductores. Finalmente, v) Prueba de aliento electiva y aleatoria en puntos de verificación de la sobriedad.