La democracia formal, definida como conjunto de reglas –primarias o fundamentales- que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con arreglo a qué procedimientos (Bobbio), no puede ser una formalidad, sino que debe ser una realidad, sentida como valores, principios y derechos. Avanzando en este aspecto, Kelsen sostiene que la esencia del fenómeno político designado con ese término es la participación de los gobernados en el gobierno, el principio de libertad en el sentido de autodeterminación política y éste fue el significado con que el término fue recogido por la tradición occidental.

Hay una dicotomía entre los postulados teóricos y la manera en que se practica y vive el sistema político. Se trata de una grave contradicción entre la democracia formal o la que se predica y la material o sustancial. Son esas contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado lo que provoca, en muchos casos, conflictos diversos, como movimientos populares, huelgas y mítines, generadores a su vez de inseguridad, violencia y muerte, pues el pueblo entiende, como debe ser, que el derecho se caracteriza por su vocación de realización, teniendo esto como corolario que no puede ser derecho lo que no es realizable.

Si la democracia real implica la participación activa y cierta de tod@s en los asuntos políticos, entonces para superar la crisis planteada es preciso que nos involucremos en la mayor parte de los espacios políticos a nuestro alcance. De suerte que el Estado no puede frenar, disminuir o negar los derechos y reclamos ciudadanos de transparencia, eficacia, conocimiento y participación activos de los procedimientos y mecanismos de mando y cambios de las estructuras, a través de las cuales se organiza y racionaliza el poder, así como los que le dan contenido material en términos de ideales, principios y valores al sistema democrático.

La única salida a estas divergencias, demostrativas de un mundo y país en problemas, es el regreso sincero a la creación de la ciudadanía que, como afirma Drucker, es la voluntad de contribuir a la patria, la voluntad de vivir por la patria. Con la caída de Roma desapareció la ciudadanía. Lo propio ocurrió en la Edad Media. Pero con la aparición del Estado-nación renació la ciudadanía, como cuestión nuclear de la teoría y la práctica políticas, por su significado en cuanto a derechos y obligaciones.

Ahora bien, en términos políticos, ciudadanía significa compromiso activo; significa responsabilidad: significa ser uno un factor decisivo en su comunidad, en su sociedad, en su país, como sostiene el mismo autor de El Fin del Hombre Económico y La Sociedad Postcapitalista.

En la forma que está planteado el proceso de reforma constitucional en curso en nuestro país se ignorará, en gran medida, el Poder Constituyente, por cuanto se trata de una reforma sustancial a nuestra Ley de leyes, que se pretende realizar sin la necesaria intervención del Constituyente, pero además es una clara demostración de que en República Dominicana no funciona la ciudadanía política. En pocas palabras, a l@s ciudadan@s les está vedado ser factores decisivos de cambio.

Señor Presidente de la República, señores legisladores, señores expertos constitucionalistas y promotores del proyecto de reforma constitucional, si queremos una democracia sin ciudadanos, recuerden que con ello admitirían que el cuerpo político carece de contenidos, es una entidad vacía. La historia nos enseña que sólo cuando el pueblo es partícipe y responsable de un proceso tan significativo de cambio constitucional como el que se pretende, la reforma se hace sostenible en el tiempo.

La reforma constitucional que se avecina, en la forma y con el procedimiento planteados es anticiudadana, además de que desborda los límites  del Poder Constituyente, que no siendo jurídico, sino político, no puede ser negado ni deslegitimado con la letra inerte, sin vida, de una Constitución tantas veces mancillada, ignorada y violada y que ahora, como recurrentemente ha ocurrido, constituye la excusa para negar a su hacedor: el pueblo.