¿Es Colombia un referente en materia de seguridad ciudadana?

¿Es Colombia un referente en materia de seguridad ciudadana?

Por Kelvin Jiménez 

La presencia de asesores extranjeros y la cooperación internacional en materia policial ha estado presente en el país, destacándose Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Recordemos el año 2017, cuando el entonces vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, reveló que los “expertos colombianos que les asesoraban en materia de comunicación y otras áreas” fueron pagados como parte del Acuerdo Triangular entre Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. 

Cabe destacar que este plan tuvo su origen en el año 2014 y el 11 de mayo del año en curso tuvo su relanzamiento. Se recalcó que 5,000 miembros policiales en los distintos niveles sean capacitados, de igual forma la realización de asesorías, conferencias, seminarios, cursos y diplomados para elevar las capacidades y competencias de los miembros de la Policía Nacional. 

A raíz de la creación del grupo de trabajo para la transformación policial mediante el decreto 211-21, se cuenta entre los asesores al mayor general retirado Ricardo Alberto Restrepo Londoño, de la policía colombiana. De manera que desde hace cierto tiempo la experiencia de la nación sudamericana tiene una alta valoración y, en tal sentido, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Es Colombia un referente en materia de seguridad ciudadana? Empecemos por señalar que su actual presidente Iván Duque anunció el domingo 6 de junio de este año, en el marco de un discurso en la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que habrá una «transformación integral de la policía”, esto a raíz de las denuncias de represión y uso excesivo de la fuerza que ha sido condenado en la esfera internacional como consecuencia de las protestas sociales. 

Tal como ha ocurrido en nuestro país, se asume el proceso policial de cambio por efecto de una situación de carácter social o producto de un hecho que genere una gran indignación como fue, por ejemplo, la tragedia de los pastores en Villa Altagracia. En el caso de Colombia, el primer proceso de reforma fue en el año 1993 y le precede un acto atroz que fue el asesinato y violación de la niña de 5 años Sandra Catalina en la tercera estación de policía en Bogotá por parte del agente Diego Fernando Valencia. 

Esta tragedia y el contexto de violencia, sumado al nivel de confabulación de algunos miembros de la institución del orden con grupos criminales y las influencias del narcotráfico, fueron los detonantes de esa reforma que se caracterizó por darle mayores atribuciones al Consejo Superior de Policía y cuyo nombre paso a ser Consejo Nacional de Policía y Seguridad Nacional, con la finalidad de conciliar las decisiones como el órgano de mayor jerarquía junto a funcionario civiles. 

Esta reforma sufre cambios con el programa de transformación cultural que tuvo como baluarte un amplio proceso de depuración interna, pero sirvió de muralla para frenar importantes cambios de la primera; mientras que en el año 2003 el presidente de Álvaro Uribe conformó una comisión de expertos, cuya metodología de trabajo consistía en elaborar un informe con una serie de recomendaciones siendo muy pocas las acogidas, resultando como un logro el plan de acciones sociales para la institución. 

La actual reforma del presidente Duque plantea la creación de una dirección de derechos y la introducción de cámaras corporales para todos los agentes de calle. De manera que sigue siendo una materia pendiente por aprobar partiendo de su recorrido histórico y por los recientes acontecimientos que recuerdan la persistencia de antiguos males, y ser aún la única institución policial adscrita a un ministerio de defensa. 

Como bien señala Alejo Vargas Velázquez, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia: “Desde muy temprano en su historia, la Policía Nacional de Colombia fue altamente influida por la lógica militar”. En ese mismo orden, el reconocido intelectual e investigador Pablo Casas Dupuy expresa lo siguiente: “El fracaso de todas las reformas está íntimamente ligado al régimen de corte militar que constituye un obstáculo y que condiciona bajo su lógica la institución policial”. 

Colombia es la meca de la peregrinación en materia de seguridad ya que cuenta con la mayor estructura física que va desde pistas de aterrizajes hasta tener uno de los mejores campus universitario porque cabe destacar que el proceso formativo tiene una gran significación, de igual forma tiene el centro más avanzando de ciberseguridad. 

En noviembre del 2012 una serie de organizaciones de la sociedad civil conformaron la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial en República Dominicana y en el evento “Diálogo ciudadano” los expertos Daniel Pou y Tahira Vargas presentaron sus posiciones sobre el impacto de la militarización, y establecieron que “concentrar esfuerzos solo para reprimir y perseguir, y no prevenir con las mismas prácticas antidemocráticas que usa la Policía Nacional, es un esfuerzo que está condenado al fracaso”. 

Evidentemente las dos naciones compartimos un mal de origen: la militarización. Desde el viernes 2 de septiembre de 2021, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo dispuso que 600 militares briden apoyo a la Policía en “los puntos de mayor criminalidad de la ciudad para combatir la delincuencia”. 

 Ahora la pregunta late con mayor intensidad ¿Es Colombia un referente en materia de seguridad ciudadana? El pedimento del presidente Iván Duque al Congreso para la creación de una dirección de derechos humanos, y en ese mismo orden el Ministerio de Defensa expedirá un decreto con el propósito de fortalecer la política de defensa y protección de los derechos humanos, y un nuevo estatuto disciplinario que renovará las “faltas y priorizará las investigaciones por violaciones”. 

En esta parte, nos adelantamos en el tiempo pues la policía nacional contaba con el Instituto de Dignidad Humana, que en el año 2017 fue eliminado mediante el decreto 45-17 pasando sus funciones al Instituto Policial de Educación, como lo consigna la ley 590-16. ¿Es Colombia un referente en materia de seguridad ciudadana? La respuesta solo tiene el interés de generar un análisis partiendo de la realidad y contexto de los países que conformamos la región más violeta del planeta.