Es difícil erradicar tráfico humano

POR FIOR GIL
El director de Migración, licenciado Carlos Amarante Baret, denunció que durante el pasado gobierno, por el descuido de las autoridades civiles y militares, se creó una cultura difícil de desarraigar por ser una vía de enriquecimiento con el tráfico ilícito y la trata de personas.

Afirmó también que si el contrabando de armas es el segundo gran delito económico mundial y el tráfico ilícito y la trata de personas, el tercero, no es difícil determinar que no son centavos los que genera esta última actividad.

Amarante Baret habló en esos términos, al pronunciar un discurso para dejar inaugurado un seminario internacional sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que se celebra hasta hoy  en el hotel Quinto Centenario, auspiciado también por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La actividad estuvo presidida por el secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeida Rancier; Amarante Baret y la oficial de la OIM, Fanny Polonia.

El doctor Almeida Rancier tuvo a su cargo las palabras de bienvenida a los participantes, mientras que el discurso central estuvo a cargo del director de Migración.

Amarante Baret dijo que los organismos internacionales encargados de combatir el narcotráfico, han calculado en alrededor de US$500,000 millones que al año mueven los sectores vinculados a ese delito.

Añadió que el organismo a su cargo ha sometido ante el Ministerio Público a 271 personas por violaciones diversas a la Ley de Migración y a la ley 137 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas.

Agregó que la institución ha repatriado conjuntamente con el Ejército Nacional, más de 15,000 indocumentados que residían ilegalmente en el país y ha reducido el número de personas que son devueltas de otras naciones, al ser sorprendidas con documentos irregulares.

Asimismo, señaló que más de 60 inspectores y supervisores han sido cancelados, por actuar en complicidad o negligencia frente a estos delitos.

En la actividad participan, además, representantes de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las embajadas de los Estados Unidos y de Colombia.