Finlandia anunció en 2016 un experimento socioeconómico sin precedentes. A partir del primero de enero de 2017, dos mil finlandeses desempleados recibirían 560 euros al mes durante dos años, sin condiciones, y el Gobierno estudiaría la forma en que el dinero afectó sus vidas. Finlandia quería saber si la mensualidad, llamada ingreso básico, liberaba a las personas para que trabajasen a tiempo parcial o por su cuenta mientras buscaban algo permanente, un escenario poco frecuente bajo el actual sistema de prestaciones.
Una economía robusta permite que la mayoría de las personas prosperen por sí mismas. Pero a veces las destrezas se vuelven obsoletas, las personas pierden su empleo o se enferman. El ingreso básico provee un subsidio regular para que sus necesidades fundamentales queden cubiertas sin importar la circunstancia. En su forma más auténtica, el ingreso básico universal se les daría a todos. Este experimento no es universal, pero si al gobierno le gustaban los resultados, con el tiempo podía serlo.

Ante la creciente desigualdad de los ingresos, el frágil sistema de salud y la probabilidad de que la tecnología pronto eliminará muchos puestos de trabajo, el ingreso básico ha vuelto a ponerse de moda en Estados Unidos. Si las predicciones de la consultora PwC y el McKinsey Global Institute son correctas, decenas de millones de estadounidenses verán la automatización de sus trabajos en la próxima década. Tales presiones han llevado a líderes empresariales como Richard Branson, Elon Musk y Mark Zuckerberg a apoyar la idea. En julio, Hawái se convirtió en el primer estado en legislar un estudio formal sobre el ingreso básico. Al mismo tiempo, Y Combinator Research está planificando un ensayo de cinco años en Estados Unidos que involucra a tres mil residentes de dos estados aún por anunciar. Este proyecto será más grande y más largo e incluirá pagos más altos (mil dólares al mes) que los de Finlandia, pero su costo de 60 millones de dólares será financiado y administrado de manera privada. Ahí es donde entra Finlandia, hasta ahora, el único país dispuesto a intentarlo desde una vía gubernamental.

Con su riqueza, Finlandia creó una red de instituciones sociales diseñadas para garantizar que todos tuvieran una cierta calidad de vida. Kela, como todos llaman al Instituto de la Seguridad Social del país, fue fundado en 1937 para administrar un programa nacional de pensiones y desde entonces se ha ampliado para abarcar alrededor de 40 prestaciones.

El país paga sus programas sociales con impuestos relativamente altos. El progresivo impuesto sobre la renta de Finlandia alcanza un 31%, pero los impuestos locales y las contribuciones a las pensiones pueden llevar la tasa efectiva a cerca del 50%. Kela redistribuye unos 15 mil millones de dólares cada año, por lo que la nación tiene uno de los niveles más bajos de desigualdad de ingresos en Europa. El 20% más rico de los finlandeses gana cuatro veces más que el 20% más pobre; en Estados Unidos esa diferencia es de ocho. El ingreso anual medio es de aproximadamente 43 mil dólares, un cuarto menos que en Estados Unidos, pero muy por encima de Italia y España. Esa seguridad financiera viene aparejada con un inconveniente: las compras cotidianas pueden ser caras.

Finlandia tiene también otros problemas. Como Estados Unidos y el resto de Europa, sufre pérdida de empleos en la industria manufacturera y lentitud económica. Además, el declive de Nokia frente a los teléfonos inteligentes coincidió con la recesión de 2008, dos crisis de las que el país no se ha recuperado. Su tasa de desempleo es del 7 por ciento, casi el doble de Estados Unidos.
Con más personas dependiendo de Kela, la deuda pública casi se duplicó de 2008 a 2015. El año pasado, Finlandia redujo la duración de la prestación por desempleo con la esperanza de ahorrar alrededor de 200 millones de euros al año.

«Pase lo que pase en este experimento, no es realista pensar que el ingreso básico se implementará en Finlandia», dice Kangas. «La política es a menudo mucho más fuerte que los resultados científicos».