POR ENRIQUE GONZÁLEZ
Obtener un arma de fuego de forma legal en República Dominicana no es mucho más complicado que conseguir una licencia de conducir. Simplemente, es más caro. Un test psicológico, un control antidrogas, un curso de tiro y el pago de las tasas son suficientes para adquirir un revolver en cualquiera de las armerías del país.

Sin embargo, parece que la proliferación de este tipo de armas entre la población comienza a ser un problema grave. El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, incidió el mes pasado en la necesidad de reducir el número de pistolas entre civiles. Su departamento estima que en la actualidad hay unas 157.000 armas de fuego en la calle, el doble de las que tienen la policía y las fuerzas armadas juntas.

La cuestión acerca de la necesidad o no de la tenencia y el porte de armas de fuego enfrenta a quienes piensan que hay que protegerse frente a la delincuencia, y a quienes defienden que una sociedad armada es una sociedad todavía más violenta.

Esta última, es la idea que sostiene el padre Luis Rosario, que lleva años reclamando el desarme de la población civil. Según su hipótesis, «el problema de la delincuencia no se soluciona armando a la gente, sino al contrario. El problema disminuye y se controla más desarmando a la población».

El sacerdote, coordinador general de la pastoral juvenil de la iglesia católica, considera que «las personas que no tienen armas deberían exigir que se desarme la población, porque están en peligro».

Lo cierto es que, a causa o no del incremento de las armas entre la sociedad, la violencia ha aumentado en el país. Entre 1999 y 2005 se produjeron 10,905 muertes violentas, pero desde el primer año hasta el pasado el aumento fue de más del doble, según los datos de la Procuraduría General de la República.

En todo el año pasado y el comienzo de éste han muerto en República Dominicana más de 2,832 personas en condiciones violentas. Más de 1,951 fallecieron como consecuencia de disparos, según los datos de la Procuraduría. Entre ellos están quienes fueron alcanzados por una bala perdida, durante una celebración deportiva, una fiesta callejera o, simplemente, mientras caminaban por su localidad.

«Hay que crear una filosofía de vida que provoque que a la gente le dé incluso vergüenza tener una pistola en la cintura. Porque en la medida en la que haya descontrol, la gente se ufana de portar un arma alegremente», consideró Rosario.

En este último caso coincide el doctor César Mella, psicólogo ex presidente del Colegio de Médicos Dominicano, quien explicó que «portar un arma y exhibirla constituye un símbolo de poder y hasta de estatus para algunos». «No es lo mismo un comerciante, un empresario, un vigilante o un funcionario; que cualquier mequetrefe, que no llega a 30 años, que ni trabaja, ni estudia y está toda la noche en la calle provocando hechos violentos», añadió.

DEFENSA PROPIA

A pesar de que la defensa propia es el principal argumento esgrimido para la tenencia de un arma de fuego, en ocasiones se producen situaciones en las que se utiliza un revolver para intimidar a alguien en circunstancias cotidianas, como una riña entre dos personas.

Según el doctor Mella, «no existe una evaluación psicológica o peritaje seguro en un 100 por ciento para predecir una conducta violenta». Por eso, «una persona impulsiva o explosiva, puede desencadenar una reacción violenta y el uso del arma, ya no en defensa propia, sino para agredir», explicó a HOY.

No obstante, la situación de desprotección que sienten muchas personas, parece ser el motivo principal por el que deciden adquirir un arma. Las fuerzas de seguridad del estado están aparentemente desbordadas para combatir la delincuencia, por lo que la población busca sus alternativas.

«Tradicionalmente no ha habido confianza en las fuerzas del orden. Es algo que se sigue dando, a pesar de que la Policía Nacional está dando pasos significativos», sostuvo el padre Rosario. Sin embargo, considera que los gobernantes son cómplices de la tenencia de armas por parte de la población civil. «La publicidad y la venta de armas son legales. Eso es algo contradictorio porque, por una parte, el gobierno hace operativos para desarmar a la gente; y, por otra, están incentivando y permitiendo la compra de armas», argumentó.

LA LEY 36

La ley 36 recoge la normativa sobre el porte y tenencia de armas de fuego, pero no satisface plenamente a los legisladores. El secretario general del distrito del Colegio de Abogados, Antonio Ortega, consideró que los parámetros para evaluar la necesidad de una persona para portar un arma son «baladíes».

«Hay casos, como el de los comerciantes [para quienes está permitido el porte y tenencia de armas para proteger sus intereses], cuya profesión no está regulada. Entonces, cualquiera que diga que tiene un negocio en la calle es un comerciante», explicó el jurista.

Ortega defiende el porte de armas entre la población «para defenderse de los delincuentes». Aunque el sistema para determinar si una persona está en condiciones de llevar una pistola en la cintura es «flojo», según manifestó. «Se hace una evaluación psicológica, que la mayoría de veces no tiene su resultado. Hay mucha gente que tiene problemas como una persona que comienza a dar disparos al aire», manifestó.

Defiende que se debería ser riguroso con la exhibición y con «el gatillo alegre», pero que «se debe entender que las personas decentes deberían estar armadas, pero eso hay que vigilarlo y darle un seguimiento».