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En el país se ha vuelto casi normal que en los delitos ambientales aparezcan empresarios, funcionarios públicos civiles y militares que actúan en connivencia en procura de beneficiarse de los recursos naturales, denunció ayer el procurador para la Defensa del Medio Ambiente, Andrés Chalas.
Recordó que en el caso de los funcionarios, la ley plantea penalidades cuando otorgan permisos sin cumplir con los requisitos de ley y cuando permiten la violación a la legislación misma.
Detalló que los artículos 183 y 184 de la Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) establecen para los funcionarios que incurren en delito ambiental desde multas, la separación de sus funciones, hasta prisión. Cuando se trata de una persona jurídica o moral también hay sanción económica, prisión, multa, decomiso, restauración de ecosistemas, indemnización a personas afectadas, entre otros.
Chalas habló en un taller de capacitación en el combate del comercio ilegal de especies amenazadas. Luego de su exposición, se le preguntó cómo afecta la labor de persecución, el hecho de que funcionarios participen en los delitos ambientales, a lo que Chalas respondió que el momento que vive el país no es bueno destacar ese tipo de información y que preferiría que sus declaraciones se quedaran en el ámbito académico.
La actividad de capacitación fue convocada por la Procuraduría y forma parte de los trabajos de la Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre de Centroamérica y República Dominicana (Roavis), con el apoyo del Departamento del Interior de los Estados Unidos (DOI) en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).
Allí, Tomás White, del Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, estimó que el comercio ilegal de especies mueve entre US$7,000 a 10,000 millones al año a nivel global. Dijo que los animales más codiciados son loros, guacamayos y pericos, culebras ranas, tortugas, monos, felinos. Entre las plantas citó las orquídeas, palmas, cactus, madera, entre otras.
