MARTHA PÉREZ
La preocupación ciudadana, al nivel de todos los sectores de la sociedad, por el incremento que ha alcanzado la violencia y la criminalidad en el país, ha dado a entender que verdaderamente existe un sentimiento cívico de los conciudadanos, actuando como un solo grupo social, como una familia: la sociedad dominicana. Muchas voces se han manifestado antes y después del lunes 24 de julio pasado, día en que el presidente Fernández convocó el Consejo de Gobierno Ampliado para analizar el tema de la seguridad ciudadana relacionado con el estado de violencia y criminalidad que nos afecta.

Desde entonces se han iniciado acciones que han encendido un halo de luz en el espíritu de la población más afectada, devolviéndole la esperanza en su seguridad ciudadana que ha venido afectando la ola de violencia delincuencial.

Sin embargo, algunas de dichas medidas que son el resultado de una preocupación colectiva, sentida y valorada, máximamente por el jefe del Estado, han sido criticadas por algunos sectores sociales y políticos, que le asignan cierto carácter de arbitrariedad relacionado con la libertad de tránsito de las personas y la limitación de la operación de lugares de diversión. Y dejan abierta la cuestionante -y digo yo, la duda- sobre el cumplimiento cabal de las mismas.

Ciertas de aquellas manifestaciones de preocupación tenían mero sentido politiquero, aún fundamentadas en una realidad palpable para todos, y lo evidencia, por un lado, la indiferencia de algunos “preocupados” entonces, por la ola de violencia delincuencial, luego de conocidas las medidas de mitigación y prevención emanadas del Consejo de gobierno Ampliado, y por el otro, la posición de abierta crítica de personas que, si revisan el mosaico de sus opiniones emitidas respecto del tema, desgraciadamente por sí mismas verán alguna diferencias. Esto da a entender, que la preocupación no era sincera y como tal fácilmente la absorve el silencio o la crítica malsana y pasan a ser, a veces en la sinrazón, de entes sociales preocupados a buen jugador que apuesta al fracaso del contrario.

Por eso, la puesta en marcha de estas medidas está siendo colocada en la balanza de la duda, porque se considera un asunto del actual Gobierno y sus instituciones, y no de la sociedad dominicana.

El compromiso es de todos, pero en la acción no en la palabra.

La situación de la violencia delincuencial que afecta en estos momentos a la población dominicana tiene múltiples razones, internas y externas; todos sabemos que no es hija del presente Gobierno, como tampoco lo sería del anterior del PRD, pero si se sigue buscando la paternidad con sentido politiquero, jamás se podrá encontrar una solución. La responsabilidad de mitigar y prevenir esta situación, como la preocupación, es de todos los ciudadanos dominicanos. En el marco de esa responsabilidad, plantee lo que usted cree más conveniente, pero no critique sólo por criticar; es bueno crecer, haciendo crecer a los demás.

Después de diseñadas, planteadas a la opinión pública y asumidas estas medidas con liderazgo interinstitucional, lo que sigue no es colocarse en la acera del frente para monitorear, supicazmente, el cumplimiento; es integrarse, individual y colectivamente en el proceso hasta lograrse el propósito. Pero es necesario hacerlo de manera seria.

Y este es el momento, esta es la hora, sobre todo para aquellos sectores importantes de nuestra sociedad que han planteado pública y sistemáticamente su preocupación por la situación, hasta como un reto para las actuales autoridades.

¿Qué significa hacerlo de manera seria? Hacerlo de verdad, basados en la realidad que vive la sociedad dominicana, de la cual todos formamos parte, y en el sentimiento sincero  de su preocupación. Hacerlo por el país que decimos querer, y que tiene organizado un Estado que continúa más allá del gobierno que el pueblo escoja para administrarlo.

 El Gobierno escogido por el pueblo ha dado el primer gran paso ante el problema en cuestión.

Entonces es hora de integrarnos y aportar seriamente.