Hay muchos argumentos del porqué el Código Procesal Penal, fotocopiado de la provincia de Córdoba, Argentina, e impuesto, debe ser derogado, cuyas razones abundan. Sobre todo por ilógico. Permítame ofrecer estos ejemplos:

Como el Fiscal al no utiliza o carece de los instrumentos tecnológicos  y científicos para ampliar las investigaciones; cuando dejan sin recoger evidencias complementarias, abandonadas por los autores de los crímenes en el lugar del hecho. Con lo cual permiten que los justiciables se queden sin procesos penales, al carecer de pruebas del ilícito, o también, por incumplir con las formalidades del debido proceso, en desmedro de los intereses de la sociedad.   

El Ministerio Público, cuando la víctima, único testigo de cargo que tiene como medio de prueba, sin abogado, lo amenazan  para que asista al juicio, para poder mantener su prueba a los fines de demostrar la existencia  del delito. Cuando su obligación es buscar al actor violador del Código Penal. Y de concluir la investigación  conforme a un criterio objetivo de búsqueda de la verdad de elementos probatorios de cargo y descargo para reparar el daño causado al ofender la sociedad; conforme a los artículos 30, 88, 89, 93 y 260 del CPP. Por  representar  al Estado, la sociedad y la víctima.

También evaden su deber de no notificar a la víctima el acta de acusación, cuando tienen derecho a intervenir en el proceso penal y ser informada de sus resultados. Sólo el condenado puede pedir revisión de la sentencia, no la víctima. No evita que confirmen el archivo del ilícito; dejando sin acusación al sospechoso actor del hecho ilegal; vulnerando los derechos constitucionales de la víctima, cuando le impiden, sin abogado, presentarse en los plazos correspondientes para  constituirse en querellante. Motivo por lo cual el CPP permite que el Ministerio Público actúe divorciado de su fundamental doble representación de defender y proteger a la sociedad y a la víctima, dejándolas totalmente desamparadas.

Por el trato que les dan los ministerios públicos a las víctimas, amparándose en el ineficiente CPP, justificado de garantista, deja mucho que desear, al dejarlas abandonadas a su suerte. También perjudicadas por la conspiración de acuerdos corruptos que establecen con familiares del imputado, para archivar el proceso o procurar un descargo, en gravísima ofensa a la sociedad que deliberadamente desconocen. Estos y muchos motivos razonables sirven para derogar el ilógico CPP.