Juan Bolivar Díaz 
A dos meses y medio de la llegada del coronavirus al país y a más de 8 semanas del estado de excepción para combatirlo, los resultados siguen siendo desalentadores mientras cada día crecen los reclamos de reinicio de las actividades de la economía formal, porque la informal sigue rompiendo la cuarentena impuesta.
El Gobierno consiguió lo que la oposición anunció como última prórroga del estado de excepción que ya cumple dos meses, en medio de reclamos políticos y sociales de que rinda cuenta pormenorizada de los recursos extraordinarios que ha dispuesto para subsidios sociales y estímulos financieros.
Resultados inconsistentes. La curva de la expansión del Covid-19 en el país no ha podido ser detenida y muestra inconsistencias en una semana que comenzó con tres jornadas que acumularon 1,253 contagios, entre viernes 8 y domingo 10, para un incremento de 14 por ciento, habiendo alcanzado un pico de 506 en un solo día, que mostró alivio a mitad de semana al caer tres días seguidos por debajo de 300 casos, para volver ayer sobre los 400.
No han faltado esfuerzos gubernamentales en las últimas semanas, cuando por fin se ha logrado realizar mayor número de pruebas para detectar el virus y aislar sus portadores, aunque todavía el ministro de Salud admitía que no disponen de los insumos suficientes, pero aun así lanzaron un fuerte operativo de descontaminación en el Gran Santo Domingo, que acumula el 47 por ciento y ayer tenía el 51 por ciento de los hospitalizados.
Un nuevo vistazo al récord de la Universidad Johns Hopkins, en el cuadro anexo, permite apreciar que RD se mantiene junto a México y Panamá con los peores resultados frente al Covid-19 entre las 15 naciones más grandes de América Central y el Caribe, donde también se incluye a Colombia y Venezuela, y si se verifica todo el continente, sólo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú y Ecuador, se agregan con mayor incidencia.
Los registros muestran que la pandemia no ha causado grandes estragos en la región, aún en países más pobres que RD, como Haití, Jamaica y casi todos los centroamericanos, lo que algunos atribuyen a factores climáticos, de población más joven y más acostumbrada a sobrevivir en condiciones precarias de salubridad.
Sin divisarse el pico. La situación dominicana es de incertidumbre, pues mientras el cuerpo social presenta cada día mayores signos de agotamiento en la cuarentena de dos meses, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial, Alma Morales, sostuvo esta semana que el país “no cumple satisfactoriamente ninguno de los requisitos para descontinuar la cuarentena y retomar la normalidad”. No advierte que se esté aplanando la curva, con inconsistencia en los resultados que varían por semanas.
Esas consideraciones siguen en la cuenta del Gobierno que por primera vez se abrió a consultar con las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas, sobre el curso a seguir, presionado por las demandas de reactivación económica provenientes de los más diversos sectores sociales. Pero los gobernantes persistieron en ignorar a la oposición política, a semanas de unas elecciones para renovar el Gobierno, lo mismo que a los gremios de la salud y a entidades como la Alianza por el Derecho a la Salud, que agrupa medio centenar de organizaciones que trabajan en el sector a nivel nacional.
Todos los sectores consultados se debatieron en la disyuntiva de continuar la cuarentena por tiempo indefinido o reiniciar las actividades económicas. Pero en general prevalece el criterio de que ya urge planificar la reapertura con las mayores previsiones para evitar una mayor expansión de la pandemia.
Hay fuertes advertencias. Si no fuere suficiente el incremento día a día de las actividades comerciales informales y el movimiento vehicular, incluyendo ya los normales taponamientos del tránsito, las autoridades han empezado a recibir advertencias más fuertes, como las formuladas por asociaciones empresariales nacionales. Ayer el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, amenazó con reabrir sus operaciones la próxima semana.
Aparte de denuncias de inminentes quiebras de establecimientos comerciales de todo género, sus voceros se quejan cada vez más agriamente de que mientras los pequeños y medianos establecimientos son obligados a permanecer cerrados, los supermercados y las grandes tiendas por departamentos “hacen zafra” vendiendo no solo alimentos, sino también productos de todo género, incluyendo ferreteros, vestuarios, calzados, adornos, de limpieza, panadería, heladería, licores. Las asociaciones de la micro, pequeña y medianas empresas también han reclamado en los mismos términos.
La realidad es que cada día son más los talleres de todo género, peluquerías, salones de belleza, pequeñas tiendas, y sobre todo los vendedores ambulantes, que reanudan sus actividades a la vista de todo el que quiere ver, aunque en los conciliábulos gubernamentales se hable de “reabrir la economía”. Parecen ignorar que el 57 por ciento de los trabajadores dominicanos son informales y que el 95 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas.
Con última prórroga. Inconformes con la negativa del gobierno a tomarles en cuenta y la escasez de transparencia, los partidos de oposición que controlan la Cámara de Diputados le aprobaron lo que proclamaron como última prórroga del estado de excepción, bajo el compromiso con legisladores oficialistas de que se darán pasos para una reapertura de las actividades sin descuidar las medidas preventivas para evitar la expansión del Covid-19. El Gobierno debió ya reconocer la realidad del mercado de trabajo por lo menos ajustando el toque de queda para que sea efectivamente nocturno, a partir de las 7 de la noche, cuando ya se oculta el sol.
En principio los opositores planteaban una extensión de sólo 10 días del período excepcional, pero accedieron a 15, no los 25 que volvió a pedir el Gobierno, denunciando que los gobernantes han politizado la emergencia nacional, buscando mejorar el posicionamiento electoral de los candidatos oficialistas, mal parados por meses en las encuestas y golpeados por el resultado de las elecciones municipales del 15 de marzo, tras el aborto de febrero.
La proximidad de las elecciones presidenciales y congresuales, que debieron celebrarse mañana 17 de mayo, pero reprogramadas para el 5 de julio, es un factor determinante en las actitudes de Gobierno y oposición y particularmente en el estado de excepción que limita derechos de reunión y de tránsito. Con el paso de los días proliferan los cuestionamientos a los candidatos oficialistas que estarían aprovechando los recursos estatales y la emergencia para promoverse. Se señala el caso de la actual vicepresidenta y candidata al mismo cargo, Margarita Cedeño, quien esta semana anunció que extenderán hasta el mes de julio el programa de subsidios “quédate en casa”, al cual el 24 de abril anunció en discurso televisado que agregarían 70 mil familias. La Ley del Régimen Electoral establece que los funcionarios que sean aceptados como candidatos deben tomar licencia de sus cargos. La dirección del gabinete social y los repartos de subsidios corresponden al funcionariado gubernamental, no son funciones vicepresidenciales.
Reclamo de transparencia. Los reclamos de transparencia en el manejo de la crisis de salubridad ya no provienen sólo de los opositores políticos, sino también de las instituciones sociales más comprometidas con la defensa del orden institucional y la lucha contra la corrupción, como son el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) que denunció que “persisten distorsiones e inobservancias sistemáticas de la Ley de Compras y Contrataciones”, y reclamó total transparencia en los gastos por la pandemia.
PC sostuvo que los informes del Gobierno al Congreso sobre usos de fondos de emergencia carecen de información financiera que permita medir su efectividad y costos y reclamó relación de donaciones recibidas por el Gobierno, detalles de ejecución presupuestaria destinada a la asistencia a instituciones y personas y de los fondos para asistencia, relación de compras bajo el estado de emergencia, cantidad de beneficiarios y distribución geográfica del programa “quédate en casa” y las medidas monetarias y financieras adoptadas por el Banco Central, con los montos y beneficiarios, entre otros aspectos.
Eso en una semana donde el Ministerio de Defensa se vio precisado a revocar una contratación de equipos tras la denuncia periodística de irregularidades, cuarto escándalo vinculado a compras dentro del periodo de emergencia. Esta semana, tras denuncias públicas, las autoridades informaron un mes después que una docena de oficiales son investigados sobre un cargamento de 350 kilos de cocaína embarcados en un avión que salió de Puerto Plata para Bruselas.
Esta semana también hubo cuestionamientos a la operación triangular con que el Banco Central recompró a cuatro AFP bonos que les había vendido por 40 mil millones de pesos, para que éstas a su vez los invirtieran en nuevos bonos del Ministerio de Hacienda, lo que implica una emisión monetaria por esa suma. Ya van 52 mil millones de pesos los traspasos inorgánicos del Banco Central al Gobierno, contando los 12 mil millones atribuidos al comienzo de la crisis de salud, para financiar subsidios.
