No tiene discusión, el capital y los trabajadores han sido la locomotora del crecimiento de la economía, el problema es que se concentra en el primero, haciendo la distribución de ingreso cada vez más desigual. Aumentando la desigualdad de ingresos y ampliándose la diferencia entre ingresos de los ricos y el resto de la población.
Peligrosa distorsión acumulada que debe corregirse, como dijo el Gobernador del Banco Central, es necesario derramar el crecimiento que promedió 6.56% en los últimos cinco años. Se logra acercando el salario mínimo legal al costo de la canasta familiar, de modo que se traduzca en ganancias en términos de salarios reales para los trabajadores de empresas grandes, medianas y pequeñas.
Con cálculos sencillos y rigurosos demuestro que tiene razón. En general, el PIB se lo reparten Gobierno, dueños de capital y trabajadores (consumidores). Desde hace tiempo la participación del Gobierno ha estado congelada en 15%, resta saber cómo ha cambiado la de los dueños del capital y la de los trabajadores (consumidores).
En términos matemáticos esta última equivale al salario real dividido por la productividad del trabajo. Se redujo a menos de 50% del PIB en 2018, significa que ha estado en aumento la participación de los dueños del capital, se situó alrededor del 35% restante.
Lo que tiene explicación. El stock de capital, que en 2012 era menos de tres veces el valor del PIB a precios corrientes, en cinco años aumentó a tres veces y medio por el ahorro-inversión que promedió 25% del PIB en 2013-2018. Aumentando el ingreso de los dueños del capital, lo evidencia la positiva tasa de retorno que puede estimarse con estadísticas publicadas por la DGII.
El aumento del salario minino legal detiene el deterioro de la desigualdad. No puede alegarse que genera efectos negativos sobre el empleo agregado, no hay evidencias concluyentes en la literatura especializada, así lo afirma la OCDE en su último informe Perspectivas del Empleo, 2014.
Y tenemos margen para hacerlo, hay varias maneras de saberlo. Comparando el cociente entre salario mínimo (el que reciben trabajadores) y salario bruto o costo laboral de las empresas (bonos, vacaciones, contribuciones obligatorias, seguridad laboral). La diferencia es el costo no salarial, en la región el promedio se sitúa en 49.5% del salario mínimo, en República Dominicana un poco menos, un 45%, y 20% en los países de la OCDE.
También como lo hizo Héctor Valdez, comparando el salario mínimo legal con el costo de la canasta familiar. En el sector privado, el salario minino, incluyendo zonas francas, de RD$10,947.30 (US$217.74), no cubría las necesidades básicas medido por el costo de la canasta familiar que ascendía a RD$13,818.11 (US$274.84) a final de 2018. El salario mínimo era inferior en un 26%.
Comparto su recomendación, es necesario acercarlos (salario y costo de la canasta), con lo que se reduciría la diferencia entre el salario que el trabajador se lleva a su casa y el salario bruto. Compensaría por la inflación acumulada de 18.8% de 2012 a 2018 y la diferencia (7.2%) corregiría desigualdad.
El aumento del ingreso disponible contribuye a reducir deudas en tarjetas de crédito de las familias, aumentando consumo e inversión. Con la economía mostrando elevado rendimiento interanual, pero el ingreso mejor distribuido.