El presidente Leonel Fernández sorprendió a la opinión pública esta semana cuando en su discurso ante las Naciones Unidas declaró que el país no podrá cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con las que la nación se comprometió para el período 2000-2015.

También resultó sorprendente que lo atribuyera a la crisis financiera del 2003, a la crisis que afecta la economía internacional desde el 2007 y a los fenómenos naturales que han afectado el país.

No le falta algún grado de razón en cuanto al daño que esos acontecimientos han provocado a la economía nacional, sobre todo las quiebras bancarias. Pero cuando se cuantifican los recursos que han manejado los gobiernos durante la última década y las tasas de crecimiento económico que ha registrado el país, que promedia alrededor del 7 por ciento anual, no se encuentra justificativo alguno.

Tres reformas tributarias en el período 2003-06 elevaron los ingresos del Estado en forma desproporcionada,  y la deuda pública más que se duplicó en la última década, lo que explica que el presupuesto nacional creciera un 150 por ciento, sin precedente, en el período de Gobierno 2004-08.  En cuanto a los daños ocasionados por fenómenos naturales al final del 2007 no alcanzaron una dimensión para que fuera mencionada en el marco de las Naciones Unidas. Y por otro lado echarle la culpa a la crisis financiera internacional es por lo menos contradictorio con el discurso presidencial de los años 2008-09 en la misma tribuna, cuando el doctor Fernández proclamaba que la economía nacional estaba blindada. Resulta que año tras año el Gobierno proclama en todos los foros internacionales un crecimiento económico casi milagroso, y ahora aduce que no puede cumplir el compromiso de mejorar los parámetros educativos, de salud, vivienda, medio ambiente y de género. 

En verdad el asunto es de prioridades, de la calidad del gasto público, de malversación de grandes proporciones del ingreso nacional. El Gobierno ha tenido de sobra siquiera para haber convertido en modelo las provincias de El Seibo y Monte Plata, escogidas originalmente como plan piloto para cumplir los Objetivos del Milenio.

Roby Sendorowitsch, el representante en el país del Banco Mundial, lo apuntó con certeza cuando fue abordado por los reporteros tras el discurso presidencial. Es asunto de mejorar la calidad del gasto público y hacer que la inversión dé mayores resultados, que haya transparencia y se reduzcan los niveles de corrupción.

El funcionario recordó que “este país tiene niveles de pobreza de hace 20 años, aunque ha crecido como ningún otro en América Latina. En el Banco Mundial consideramos una verdadera tragedia cuando el crecimiento económico existe para el país, pero no se refleja en los bolsillos de los dominicanos”, y abundó en que aquí no se reduce la pobreza ni la iniquidad.

No hemos podido cumplir el compromiso de los Objetivos del Milenio porque tenemos los más altos niveles de malversación del mundo, por lo que ocupamos la posición 138, entre 139 países evaluados en el Reporte de Competitividad Global 2010-11 recién publicado por el Foro Económico Mundial.

Recursos hemos tenido pero los hemos invertido a borbotones en construcciones y remodelaciones de edificaciones públicas, privilegiando excesivamente las de mayor visibilidad como elevados y hasta un Metro, cuya primera línea, con un costo alrededor de los mil millones de dólares, apenas moviliza 50 mil pasajeros por día, beneficiando a unas 25 mil personas. Eso quiere decir que la mayor inversión de la historia nacional  beneficia a menos del medio por ciento de la población. Tremenda irracionalidad.

Lo peor es que las mayores inversiones se han realizado en obras no reclamadas por la comunidad, e incluso a contrapelo de la opinión pública, como ha ocurrido con las dos líneas del Metro. Para la que está en construcción se le ha asignado la mitad de lo que invertirá el año próximo el Ministerio de Obras Públicas. Y el mismo presidente Fernández dijo repetidas veces que se haría bajo el modelo de concesión-inversión privada. Por demás, la ausencia de prioridades y el relegar la inversión para transformar la educación perpetúan la pobreza y la exclusión, imposibilitando el mejoramiento del empleo, la redistribución del ingreso y la construcción de una sociedad más equitativa.