La corrupción administrativa es culpable de los atrasos de este país

Confieso que, tras años de dar seguimiento a la realidad nacional, como parte de mi ejercicio periodístico, me embarga la sensación de que, aunque nuestra República Dominicana tiene 177 años de fundada, aquí todo está por hacer.

Me refiero a que triste e increíblemente ningún problema fundamental está resuelto: no lo está la salud (la pandemia de COVID-19 ha demostrado que el negocio está por encima de los derechos), la educación (mejoró el presupuesto, pero falta la calidad), la vivienda, la seguridad ciudadana o el acceso a agua potable.

La gran contradicción es que esto pasa en el país que en las últimas décadas tuvo una de las economías más pujantes de Latinoamérica, para la que, todavía en medio de la crisis que ha significado mundialmente el coronavirus, existen buenos pronósticos de calificadoras de riesgo, organismos internacionales y entidades locales; una economía que a pesar de la pandemia se ha reactivado.

¿Qué pasa entonces que aún con este crecimiento persisten las desigualdades, el desempleo, la pobreza y un largo etcétera? Respuestas hay varias, sin embargo, hoy, gracias a las investigaciones de la nueva Procuraduría General de la República, a través de su Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, se evidencia que parte importante de la respuesta radica en la corrupción. Definitivamente: ¡Es la corrupción!

Es imposible analizar los expedientes que forman parte de las solicitudes de medidas de coerción de las operaciones Antipulpo y Coral o los votos disidentes en el caso de la Cámara de Cuentas y no llegar a la conclusión de que, respetando la presunción de inocencia, si es cierto lo que allí asevera y documenta el Ministerio Público, mucho del retraso social e institucional del país tiene que ver con que los fondos necesarios para tener mejores hospitales para hacer frente a la pandemia o centros educativos con agua y energía eléctrica, aptos para la educación semipresencial, por solo citar dos casos, tienen que ver con el robo de los recursos públicos.

Los expedientes son largos, pero, en general, hablan de una corrupción sistemática que, a veces de manera meticulosa, otras burdamente, creaba alianzas interinstitucionales para distraer los fondos públicos.

Aunque la ciudadanía común está sometida a escarceo constante, estas personas movían miles de millones de pesos y no pasaba nada. No se activaban las alarmas públicas (que presumen de controles en una larga cadena de auditorías, con su respectiva lista de funcionarios, sueldazos y otros privilegios), pero tampoco las privadas.

Demostrando esto que quienes durante años hemos alertado sobre la corrupción y la impunidad nos quedamos cortos y la figura de un pulpo con sus tentáculos es más que idónea para demostrar cómo la corrupción es grande y se alberga en la profundidad con tentáculos políticos, militares y religiosos.