Es más fácil robar que castigar

Es más fácil robar que castigar

ROSARIO ESPINAL
Joaquín Balaguer decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.  Con esa expresión señalaba que en la sociedad dominicana la corrupción era extensa y que sus funcionarios eran corruptos o capaces de cometer actos de corrupción.  Por este decir y por pruebas visuales ha existido la creencia de que durante los gobiernos de Balaguer se enriqueció una clase económica y política a la sombra del Estado.

En el gobierno autoritario de los 12 años de Balaguer (1966-1978) la posibilidad de castigar por corrupción a los amigos del régimen era prácticamente impensable.  En el período de los 10 años (1986-1996) la corrupción pareció menos alarmante, no porque fuera necesariamente menor, sino por la debacle de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que salieron del poder salpicados con escándalos de corrupción en 1982 y 1986.

En el gobierno del PRD del 2000-2004, las acusaciones de corrupción a funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante el cuatrienio 1996-2000 no prosperaron: se iniciaron y se abandonaron, mientras que el gobierno de Hipólito Mejía se embarcó en proyectos políticos que aumentaron la creencia en la población de que la corrupción era común entre los funcionarios.

La acumulación de estas experiencias históricas explica que a través de los años se hayan publicado muchos reportajes periodísticos sobre actos de corrupción en el país y que exista la creencia generalizada de que hay mucha corrupción. A pesar de esta situación, en muy pocas ocasiones se han avanzado procesos judiciales contra los funcionarios públicos bajo sospecha.  Los juicios no se ejecutan o cuando se inician se detienen tarde o temprano.

Ante esta situación existen dos posibilidades que ameritan reflexión. Una es que el pueblo dominicano esté equivocado pensando que muchos funcionarios públicos son corruptos cuando en realidad no lo son.  La otra es que la creencia popular y los reportajes periodísticos se correspondan con la realidad, pero que la tarea de acusar y condenar a los corruptos sea de difícil ejecución.

Si la percepción de que hay corrupción es incorrecta, el Gobierno Dominicano debería contratar muchos siquiatras y sicólogos para que a través de una terapia masiva el pueblo adquiera conciencia de la honestidad de los funcionarios públicos.  Esta medida sería saludable para la ciudadanía y para los funcionarios.

Porque cuando se escucha hablar a los dirigentes políticos sobre este tema da la impresión de que ningún funcionario es corrupto, excepto el enemigo político que ocasionalmente conviene atacar.  Más aún, entre los funcionarios con sospechas se dice con frecuencia que al gobierno de turno sólo le interesa hacer un circo o una cacería política cuando somete a la justicia ex-funcionarios públicos.

Ahora bien, si las percepciones de corrupción que dominan el imaginario político de la población dominicana son ciertas, el Gobierno debería contratar no siquiatras y sicólogos, sino buenos fiscales, jueces y abogados capaces de someter y enjuiciar a los corruptos.  De no hacerlo, será muy evidente que en la República Dominicana es más fácil robar que castigar porque son muchas las sospechas, pocos los acusados, y poquísimos los condenados.

Peor aún, cuando algún funcionario es acusado formalmente de corrupción, salen a la luz pública los defensores que convierten al acusado en víctima o héroe. Además de señalar las virtudes de los sometidos, se escuchan argumentos tales como: si enjuician a los funcionarios de un gobierno hay que enjuiciar a todos los funcionarios corruptos de gobiernos pasados. Esta proclamación de absolución histórica es una estrategia efectiva para siempre desarmar la acusación, haciéndola ilegítima, ya que si unos se escaparon del juicio otros no deberían sufrir condena.

La posición de que nadie debe ser castigado porque hay culpables anteriores que nunca fueron castigados, unida a la precariedad del sistema judicial dominicano y a las componendas de los dirigentes partidarios que se han rotado en el poder, ha hecho muy difícil en la práctica que se ejecuten justa y exitosamente los procesos judiciales.

El resultado es que mantener esta impunidad generalizada solidifica la idea de que robar es más fácil que castigar, convicción que se convierte en un gran incentivo para que siga la corrupción, porque reporta grandes beneficios personales sin consecuencias de castigo.

Mientras exista este gran desbalance entre la facilidad de robar y la dificultad de castigar la sociedad dominicana seguirá incapacitada para mejorar la administración pública, el funcionamiento de la economía privada, la confianza institucional, y la credibilidad de los políticos y funcionarios públicos.  No es un asunto del viejo o el nuevo Código Procesal Penal. Ha sido siempre igual.  Tampoco es un asunto de una cultura ancestral dominicana apegada al robo. Es simplemente un cálculo racional de que enriquecerse ilegítimamente a costa de los demás no trae ninguna sanción legal.

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