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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) tuvo un gran acierto esta semana al advertir a los partidos políticos que no están autorizados a dar inicio a la campaña electoral para los comicios del próximo año, recordando que la misma comienza con la proclama 90 días antes de los comicios.
Para algunos la advertencia ha llegado un poco tarde ya que los partidos mayoritarios han adelantado más que nunca antes sus procesos de elección de candidatos y los han convertido en verdaderas campañas electorales, con propaganda masiva y hasta bandereos y caravanas automovilísticas.
Otros, preocupados por el alto costo de la democracia dominicana y los graves problemas que afronta el país, creen que en tanto se elaboran los reglamentos correspondientes, JCE podría convocar a los partidos para establecer límites provisionales alas actividades propagandísticas.
Justa advertencia
El presidente de la Cámara Administrativa de la JCE aprovechó el acto de entrega del certificado de supervisón de la elección primaria del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para recoger la preocupación nacional por la extensión, cada vez mayor, de las campañas electorales.
La advertencia del doctor Roberto Rosario fue hecha a nombre de la Cámara Administrativa, cuyos otros dos integrantes, los doctores José Angel Aquino y César Féliz y Féliz, estaban presentes en el acto.
«Este certificado no es una apertura de campaña. Los partidos saben que hay plazos establecidos por ley del momento en que debe darse inicio a la campaña electoral y mal podría la Cámara Administrativa incentivar o estimular que esos plazos no sean respetados», expresó el funcionario electoral.
Rosario recordó cómo los partidos han desbordado los límites convirtiendo sus elecciones internas en vedaderas campañas nacionales, adelantando que llegará el momento de resolver ese problema, objeto de gran preocupación nacional. Se refirió también a las constantes denuncias de uso de recursos estatales en las actividades partidistas, indicando que trabajan en la preparación de un reglamento para fiscalizar la recaudación y los gastos de los partidos.
La preocupación por la extensión y el costo de las campañas electorales estuvo presente también en el largo intercambio de más de dos horas sostenido este jueves por una delegación del movimiento Participación Ciudadana y la mayoría de los jueces electorales. Allí el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, también señaló la necesidad de establecer reglamentaciones para los controles correspondientes.
Lo que dice la ley
La sección II de la Ley Electoral 275-97 está dedicada al período electoral. El artículo 88 establece que el mismo «se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos». El artículo anterior, el 87, establece que la proclama que dictará la JCE convocando cada elección «»deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse».
Atendiendo a la flexibilidad del texto, en ocasiones la JCE ha adelantado la proclama 15 y hasta 30 días. Pero los partidos nunca se han abstenido al espíritu ni la letra de esa normativa. En las décadas de los setenta y ochenta, cuando el PRD inició la celebración de primarias, los candidatos fueron escogidos alrededor de noviembre del año anterior a los comicios, es decir unos 6 meses antes.
Pero ya para los comicios de 1996, tanto el PRD como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) eligieron candidatos entre mayo y junio del año anterior. Para las presidenciales del 2000 y el 2004 hubo mayor moderación y los candidatos fueron escogidos a partir de julio.
Este año el PRD ha roto los récords con su elección del 28 de enero, quince meses y medio antes de los comicios. Su campaña comenzó desde agosto del año pasado, apenas juramentados los legisladores y munícipes electos en mayo. El PLD y el PRSC están en plena campaña «interna» para escoger sus respectivos candidatos en mayo y junio próximos.
El libertinaje político que impera en el país hace imposible una estimación aproximada del costo de las campañas de los partidos, pero es criterio generalizado que se ha desbordado en la misma proporción en que se han extendido los períodos de propaganda. Existe la convicción de que los precandidatos perredeístas gastaron cientos de millones de pesos, especialmente el que resultó ganador que ya hace muchos meses mantiene una extensa nómina a nivel nacional. Aunque Miguel Vargas Maldonado y Milagros Ortiz Bosch declararon a la JCE que habían presupuestado para gastos sólo 52 y 35 millones de pesos, respectivamente.
El año pasado candidatos a diputados cuantificaron hasta en 25 millones de pesos la inversión que tuvieron que hacer, primero para obtener la nominación de sus partidos y luego para ganar en la elección nacional. Algunos candidatos a síndico gastaron cientos de millones de pesos.
Una democracia muy cara
La extensión de las campañas internas y nacionales, con el clientelismo y el rentismo predominantes ha determinado un encarecimiento desproporcionado de la democracia dominicana. El costo no sale de las fortunas personales, salvo alguna excepción, y es pagado por la sociedad dominicana.
El alto costo de la política es el principal estímulo a la corrupción administrativa en todas sus expresiones. La fuente principal de los recursos que gastan los partidos y candidatos es el erario público, de las instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal.
Otra fuente es la inversión de empresarios y traficantes, que luego se cobra con rentabilidad a través de contratos de obras públicas y de ventas, exenciones impositivas y consideraciones que dan licencia para todo género de tráfico e impunidad.
El encarecimiento de las campañas va en detrimento de los candidatos y candidatas más honrados, que se ven imposibilitados de competir con aquellos que invierten inmensas sumas para crear redes de control de los partidos, para auspiciar movimientos externos y para realizar apabullantes campañas proselitistas, pagando cientos y miles de activistas.
La preservación de la democracia ha llevado a muchos países a establecer límites al gasto en campaña, otorgando a las autoridades electorales facultad para fiscalizar e instituyendo sistemas pormenorizados de contabilidad.
La fiscalización se ha justificado con más vigor en las naciones donde se ha instituido el financiamiento estatal a los partidos, lo que en el país comenzó a raíz de la reforma electoral de 1997. Aunque el párrafo II del artículo 52 de la Ley Electoral indica que la JCE «solicitará a la Contraloría General de la República que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes», esto todavía no se ha efectuado.
Algo se puede hacer
Es evidente que ya es demasiado tarde para normar las campañas internas en curso de los partidos. Para el futuro lo primero que corresponde es partir del cumplimiento del calendario electoral que plantea una campaña nacional de tres meses. Otros dos serían suficientes para las elecciones primarias, que podrían pautarse en todos los partidos para la misma fecha.
Antes de esas fechas de ninguna forma se podría permitir campañas proselitistas abiertas ni a través de los medios de comunicación ni en las vías públicas. Otra cosa pueden ser las reuniones en locales cerrados. En ambas campañas se debe limitar la inversión que puede realizar cada candidato o la cantidad de cuñas radiales y televisivas y de vallas en las vías públicas, como han hecho ya las legislaciones de muchas naciones.
Para lo que sí hay tiempo todavía es para reducir el costo de la próxima campaña electoral nacional. A esos fines la JCE podría elaborar un reglamento y convocar a los partidos para discutirlo y aprobarlo.
Ese reglamento podría establecer límites al proselitismo hasta tanto se proclame abierta la campaña electoral, lo que debería ocurrir dentro de 11 meses, a mediados de febrero del 2008. Por ejemplo prohibir hasta entonces las concentraciones públicas, caravanas y bandereos y la propaganda en los medios de comunicación. Los candidatos quedarían limitados al contacto personal y las reuniones en locales cerrados.
Como el uso de recursos estatales en las actividades partidistas está expresamente prohibido en la ley electoral, la reglamentación debería conllevar una estricta vigilancia, con sanciones que vayan de la amonestación a la sanción monetaria, con cargo al financiamiento público.
Entre los actuales jueces electorales hay bastante consenso sobre la necesidad de establecer límites como forma de preservar la democracia y reducir sus costos. Pero ya no bastan las advertencias, como las expresadas esta semana por la Cámara Administrativa de la JCE. Hay que hacer gala de voluntad política para pasar a los hechos concretos.
