Todo parece indicar que la justicia dominicana no evacuará condenas por los denunciados actos de corrupción en que se han visto involucrados decenas de funcionarios, legisladores, altos oficiales militares, así como civiles.
La población está perdiendo la fe, si aún le queda algo, por el curso que vienen tomando los casos sometidos por la Procuraduría General de la República; ya que algunos juristas consultados estiman que los expedientes han sido elaborados con flojedad, como para que se caigan en los juicios de fondo.
¿Qué le queda a los grupos de presión que vienen abogando por el fin de la corrupción y la impunidad?
Bueno… la República Dominicana es firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este convenio fue rubricado el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y entró en vigor el 6 de marzo de 1997. Esta convención es el primer instrumento jurídico internacional de este tipo.
Viendo así las cosas, el Movimiento Marcha Verde debería encaminar esfuerzos en ese sentido, y como posee un cuerpo de juristas, proceder a la preparación de un expediente sustancioso para encaminar estos casos por esa vía, ya que se observa que a través de la justicia dominicana, será casi imposible que haya justicia en estos casos,
Este expediente podría ir acompañado de las miles de firmas que se recolectaron mediante el Libro Verde.
Sólo con actores independientes podrá lograrse llevar a las cárceles a los responsables de los casos Odebrecht, los Súper Tucanos, Los Tres Brazos, la venta de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el caso OISOE, INAPA, entre otros.