BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Parece como si los actores que deben tomar la iniciativa y las acciones han sido hipnotizados, o deben ser investigados a ver si se descubren actos de corrupción en la venta de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad y en la contratación de unidades generadoras. Quienes negociaron una y otra vez los contratos para generación, compra, distribución y venta de energía han actuado como corsarios cuyas patentes son otorgadas, por un lado, por el gobierno dominicano y por el otro, por organismos internacionales y gobiernos “amigos” que nos colocan un lazo en el pescuezo.

Lo peor es que, aparentemente, hemos aprendido a permanecer con el lazo al cuello, colgados de una viga precaria, encima de una silla que sólo tocamos con la punta de los dedos. Así nos tienen.

Todo se ha vuelto sal y borrajas, acusaciones, echarle la culpa al otro gobierno y no resolver nada.

Lo ocurrido en el sector eléctrico no es un misterio, pero sí hay disponible poca información seria, decente, organizada, real y obtenible en cualquiera de los departamentos del gobierno que han intervenido en el asunto. Se nos dijo que con la venta de la Corporación de Electricidad, con la privatización, se resolverían los problemas del suministro de energía y de los precios del servicio.

Ahora es más precario el suministro, hay menos horas de servicio de energía y haya o no haya energía en los hogares, en los establecimientos, la factura cada día es más elevada.

Desde siempre se sabe que hay un no sé cuánto por ciento de personas que no pagan por la energía que consumen. Es una situación de robo organizado, permitido y apoyado por los gobiernos.

En los barrios no se paga por el servicio, no hay medidores para determinar el consumo y por temor se crean tarifas preferenciales que tampoco se pagan en su totalidad; los muy ricos por igual, pagan lo que les viene en ganas y cuando les viene en ganas, según lo que afirma el Presidente Leonel Fernández cada vez que habla del tema.

Es realmente escandaloso que se permita que continúen vigentes contratos que atan al país a pagar por la capacidad instalada, aunque no se preste el servicio.

Es decir, se contrataron plantas y se les paga aunque nunca las enciendan y no envíen un kilo de energía al sistema de distribución.

En todo ese negoción de robos por todos los lados, están inscritos como padrinos, gobiernos “amigos”, organismos, leyes y acuerdos internacionales que sólo contribuyen al amento de las injusticias.

Las imposiciones para reventar y explotar países como el nuestro, ahora vienen por la vía económica.

Esas negociaciones, para mí, tienen un mal olor a corrupción que debe ser investigado para desenmascarar y denunciar a los culpables, hasta que se pueda hacer justicia.