JOSÉ R. MARTÍNEZ BURGOS
Todas las personas con una ligera y minúscula formación, políticos o simples ciudadanos, sabe que el Estado tiene el deber y la obligación de proteger la vida y el patrimonio en todo el territorio nacional a sus habitantes. También sabemos que esa es función exclusiva del Estado, que no puede relegar. Sin embargo, en muchos casos parece que no sucede así y da la imagen falsa al transmitir ciertas ideas que no se compadecen con la realidad que compartimos todos los dominicanos, esto es que no existe coordinación entre los organismos que se reparten las responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos, porque se escudan en discordias competenciales.

Al revisar con serenidad el aumento de la delincuencia organizada o no, corresponde en exclusividad al Gobierno tomarse muy en serio, pero muy en serio, por ejemplo, el control total de la frontera y los aeropuertos, con medidas, que aunque ofendan a ciertos sectores, deben ser muy precisas para evitar la entrada al país de nuevos delincuentes incluso los repatriados desde Estados Unidos y otros países, pues no se trata de integración ni xenofobia, es problema de seguridad de vida de los ciudadanos y protección de bienes, incluso los del Estado. Por otra parte la expansión de las ciudades hacia periferias que antes eran campos agrícolas y ahora son urbanizaciones o pequeños sectores residenciales, exige cuanto antes la revisión del modelo arcaico y tradicional de la seguridad policial, hay que recordar a los muy puros, que la libertad no precisa su contenido si no existe la seguridad, y ésta exige que la autoridad pública y la presencia de una buena policía, es perseguir la delincuencia y hacer que las leyes se cumplan, sin privilegios. Hay que recordar que eso es deber del Estado y no una responsabilidad del ciudadano. Hay algo que si tiene que observarse con prudencia, pero con carácter, que el realismo es la mejor forma de afrontar los retos de los delincuentes organizados, si prejuicios ideológicos. Hay que recordar a tiempo, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para sustraer a los ciudadanos de la autotutela y la venganza, porque cuando falla la seguridad ciudadana y se extiende el sentimiento del temor y el miedo, como está sucediendo ahora, es el Estado el que queda cuestionado, aún cuando se hable de eficacia de las fuerzas y sus cuerpos de seguridad del Estado y la debilidad de la Justicia. No se necesita crear nuevos organismos para combatir la delincuencia, sino coordinar los existentes. Los barrios seguros no es la solución, barrios seguros debe ser todo el país. No olviden esto, que es muy importante.

Existe en todo el país, una realidad tangible, que tiene nombre y apellidos: el miedo, que nos atenaza cada día más y asusta también a la exclusiva clase política y aún cuando ciudadanos, políticos, militares y juristas lo sienten en sus propias casas, nadie es capaz de mejorar la calidad de vida por sus propios medios. Y todo esto ocurre mientras se empeñan parte del bienestar económico para sufragar a sus hijos una enseñanza privada que los ponga a salvo del naufragio del sistema público cada vez más ineficaz, así mismo se contrata un seguro médico privado, casi sin poder pagarlo, porque en alguna forma es necesario salvarse del servicio sanitario que ha colapsado y todo esto sin poder cubrir los gastos de la seguridad personal y las alarmas domésticas y un Estado que no pierde oportunidad para cobrar con un dinamismo sobrenatural, cobrando los impuestos sin devolver a los ciudadanos, a cambio, un mínimo de calidad en los servicios que teóricamente pagamos por ellos.

Prueba de esto se pone en evidencia en las diversas urbanizaciones y barrios en la periferia de la capital y otras ciudades, donde tras las cercas de las residencias levantadas, se oyen noche tras noche los chasquidos de los cristales rotos, los sordos ruidos de los golpes de mandarrias o las amenazas a niños o ancianos o mujeres por la presencia de espanto de los delincuentes. Si nuestro Presidente pasara por una de esas calles desiertas y se percatara de la realidad cotidiana de un país que no puede pagar escoltas, que vive tras la puesta del sol cubierto por la penumbra y que puede recibir un inesperado visitante que lo encañone con un arma sobre sus narices.

Entonces, daría prioridad a los gastos y modernización de los agentes que cubren con sus propias vidas la de los ciudadanos de a pié. Sin embargo, este país real se siente huérfano de derechos ciudadanos, pero sigue creyendo en la oportunidad de mejorar su calidad de vida, porque vive aferrado a una esperanza.