Por diversas causas que delatan una reducida funcionalidad del sistema judicial, en seis meses, y solo del ámbito penal, el 70% de las audiencias experimentaron suspensiones. Con tan elevado índice de estancamientos procesales de hecho existe un grado de negación de apropiadas respuestas a conflictos sociales que suelen ser judicializados y a ciudadanos acusados de quebrantar la ley. Lamentable aporte de tribunales al exceso de población carcelaria nutrida también por la vía de una aplicación considerada excesiva del recurso de la prisión preventiva que debería ser la excepción. Persiste un deterioro del respeto a la presunción de inocencia y muchas incriminaciones incluyen sanciones previas a las sentencias, por el denunciado retardo de encausamientos.

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Fallan con alarma las tramitaciones que en fechas precisas hagan coincidir ante jueces a imputados, testigos y expertos requeridos por imperativos de expedientes. En algunas áreas del aparato judicial es notable la ausencia de personal competente para cumplir funciones y la gendarmería que conduce prevenidos a sedes judiciales no logra siempre sus cometidos de puntualidad en horarios y fechas señalados anticipadamente. De manera particular –como se ha denunciado responsablemente- opera con frustrante lentitud el mecanismo judicial que recibe casos que involucran a niños y adolescentes porque las superioridades del sistema no designan a tiempo a profesionales aptos para administrar justicia a ese nivel.