Esa inercia inquebrantable

La noche del miércoles, durante operaciones de búsqueda de los matadores de la mayor Paula Mercedes y el raso Antonio Jean Medina, ambos de la Policía, patrullas de esa institución mataron a tiros a seis personas en sucesos separados. La versión policial, la única que hay sobre estos hechos, imputa a las víctimas resistencia al arresto con  intercambio de disparos. En uno de esos incidentes resultó herido el cabo Tony Paredes Fernández, de acuerdo con la versión policial. La autoridad atribuye a cada uno de los aniquilados un  prontuario delictivo por el cual era perseguido.

La aspiración de la sociedad es que no ocurran estas cosas, pero si ocurren, que no nos conforme la única y exclusiva versión de parte interesada, en este caso la Policía. Hace poco el secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, llamó la atención sobre la frecuencia de los denominados intercambios de disparos. En cambio, no se tiene cuenta de que la inercia del  Ministerio Público haya sido quebrantada alguna vez por uno de estos casos de homicidio. Ningún fiscal se ha ocupado de poner la versión policial en confrontación con los resultados de una investigación seria y concluyente, a pesar de que se trata  de vidas de personas acusadas de delitos y crímenes, pero no condenadas por juez competente. Es peligrosa para el estado de Derecho esa inercia inquebrantable del Ministerio Público.

El doloroso auge del feminicidio

El  feminicidio, esa  horrible variante del crimen pasional, sigue engrosando nuestros registros estadísticos. Su auge ha sido tal que el número de casos registrados de enero a septiembre del 2008 supera en 32 los ocurridos en igual período del 2007. Por lo general estas ocurrencias implican suicidio, orfandad, traumas sicológicos y  desgarramiento familiar. Se trata de una de las figuras criminales que  más secuelas sociales acarrea.

Este incremento de los casos de feminicidio pone en serio cuestionamiento la efectividad de las políticas sociales para asistir a las parejas en controversia. También obliga a revisar el seguimiento y la protección que se da a las mujeres que han notificado a las autoridades de amenazas o agresiones por parte de  sus parejas. Evidentemente que la descomposición social y la quiebra de la cohesión familiar traen estas consecuencias. Hay que actuar con más tino para hacer bajar estas cifras.