A pesar de que ya no se habla de ello, el proceso de reforma constitucional fue rechazado por un sector importante de la sociedad dominicana, que entendía que de nada sirve reformar la Constitución si al final nunca se la respeta.  Estas quejas tomaron muchas formas, cada quien las manifestó como pudo.  Una de las formas fue el lema “Esa no es mi Constitución”.  No todos los críticos del proceso se sumaron a ese aspecto del reclamo, y muchos de los que se sumaron lo hicieron a sabiendas de que, una vez proclamada la Constitución, hay que cumplirla y defenderla aunque no se esté de acuerdo con todo su contenido porque esa es la norma en la cual están contenidos los acuerdos políticos más importantes de la democracia.

Lo que no esperaba casi nadie es que el lema y el espíritu de esa campaña iban a ser resucitados sorpresivamente por quienes menos se esperaba.  Pasados catorce meses desde la proclamación del 26 de enero de 2010, son las mismas personas que la votaron los que se niegan a acatar lo establecido en la Carta Magna.  La primera señal de alarma debió ser el retraso de los congresistas en asumir las responsabilidades constitucionales relacionadas con la reforma de las leyes orgánicas de las instituciones afectadas por la reforma y la instauración de los Tribunales escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Aunque lo anterior puede explicarse por la presión que el calendario electoral puso sobre nuestros congresistas, lo segundo no.  Me refiero a la negativa a aplicar el mandato constitucional y legal relacionado con el 4% para la Educación primaria.  Para evitar cumplir la Constitución recurrieron a un acto de creatividad jurídica impresionante.  Derogaron parcial y temporalmente la ley orgánica que establece este porciento y además, en una señal de cosas por venir, lo hicieron con las mayorías simples requeridas para una Ley de Presupuesto General del Estado.

Luego de esto los ejemplos se han sucedido de manera vertiginosa: la resistencia inicial a reconocer la capacidad del Tribunal Constitucional para revisar las sentencias de la Suprema Corte y, ahora, la desnaturalización de la figura de las leyes orgánicas.  Todo esto en el contexto de la instauración de los órganos que están supuestos a cuidar la integridad del sistema constitucional democrático.

Los congresistas parecen empecinados en transitar el camino del desconocimiento de la Constitución que ellos mismos votaron, en buscar la forma para eludir su cumplimiento.  Pero además, están reaccionando en forma inaceptable frente a las críticas.  En vez de reflexionar sobre lo que la sociedad casi en pleno les reclama, se han puesto a la defensiva y pretenden salvar la inconstitucionalidad de sus acciones mediante campañas mediáticas.

No es ahí donde se encuentra la solución, sino en retomar el sendero de la constitucionalidad.  El descontento por la deriva que ha tomado el proceso de implementación de la Constitución no se calmará con campañas de relaciones públicas.  La dominicana es una sociedad más madura de lo que presumen algunos, y espera acciones, no más palabras.