A propósito de la Ley 311-14, destinada a regular la declaración jurada de patrimonio de numerosos funcionarios públicos, es bueno señalar que la misma es muy buena para quienes necesitaban un marco que les permitiera disfrutar de los bienes obtenidos por malas artes.

Se trata de un estatuto legal que dispone para el porvenir, como todas las leyes. Ello permite pensar que, de manera automática, los bienes actuales de que disfrutan los funcionarios son reconocidos como buenos y válidos, puesto que la ley no tiene efecto retroactivo.

Llama la atención el hecho de que esa ley caiga del cielo pues el gobierno no ha dado señales de actuar para evitar la corrupción de sus funcionarios, algunos de los cuales ya enseñaron su proclividad a ejercer sus malas mañas.

En la borrachera de poder, aquellos legisladores amigos de vender sus votos y sus posiciones, piensan que nadie se da cuenta de sus travesuras económicas y políticas.

No digo que sólo los legisladores de hoy son dados a aceptar dádivas deshonrosas para favorecer tales o cuales planes, inversiones, o para prestarse al ejercicio de las zancadillas para torpedear asuntos que interesan al interés nacional si no les dan “lo de ellos”.

Esta nueva ley es una suerte de borrón y cuenta nueva, ahora con carácter y fuerza del bautismo del Congreso Nacional y de la confirmación presidencial quien promulgó el estatuto.

Deja dicho que, dicha ley, legaliza los haberes de los legisladores, de los ministros, de los generales, de todos aquellos que durante diez años han hecho uso de las “facilidades” que les brinda el gobierno para enriquecerse impunemente. La impunidad se fabricó ladrillo a ladrillo en una escalera que amarra a los principales jueces, desde abajo hasta los Tribunales Superiores, y vemos con la desvergüenza que cualquier carajo a la vela, enganchado a “político”, se convierte en un nuevo Creso por arte de magia. La dictablanda funciona de manera organizada, ejecutando planes cuidadosamente elaborados que aplican con una eficiencia digna de mejores causas.

La parte mafiosa del Partido de la Liberación Dominicana no cesa en la aplicación de su plan para manejar el gobierno de manera antojadiza, personalizada, en beneficio de ellos, sus parientes más cercanos, sus amigos y sus aduladores.

Pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

Carecen de vergüenza, en apariencia actúan como si fuesen ciudadanos decentes, honestos, capaces y puros, pero como saben que no lo son, producen mamotretos reguladores con el propósito de alegar, cuando sean procesados, que sus “bienes” fueron adquiridos al amparo de la Constitución y las leyes de entonces.

La corrupción de funcionarios, legisladores, generales o simples ladronzuelos, tendrá que ser castigada, todos tienen la espada de Damocles pendientes de sus cabezas.