La Cámara de Cuentas, cuya función es la fiscalización del uso de los recursos del erario, ha sido puesta en la picota pública en virtud de un informe en el que se hacen contra dicho organismo acusaciones muy graves.

El informe en cuestión, elaborado por el senador Tonty Rutinel Domínguez y del que habría sido apoderado el Presidente Hipólito Mejía, afirma que la Cámara de Cuentas habría dilapidado en pago de salarios y viáticos de personal supernumerario RD$28 millones que debió destinar a la designación de cuarenticinco nuevos auditores y al desarrollo de un programa de capacitación y varios proyectos de su agenda de trabajo.

Las afirmaciones de este informe han sido corroboradas por los doctores Mayra Cochón Trujillo y Raúl Reyes Vásquez, dos de los miembros de la Cámara de Cuentas que presentaron renuncia y la cual les fue aceptada por el Senado.

La Cámara de Cuentas, en un documento publicado en espacio pagado la edición del martes de este mismo diario, rechaza las acusaciones y hace un detalle general de los recursos recibidos y la forma en que habrían sido empleados.

[b]II[/b]

Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas fueron ratificados por el Senado en una sesión efectuada el 25 de mayo pasado. La ratificación fue respaldada por 16 de los 22 senadores presentes en esa sesión.

En unas declaraciones publicadas ayer por El Nacional, el senador Rutinel Domínguez pide que renuncien los miembros de la Cámara de Cuentas que fueron confirmados el 25 de mayo. Al menos dos de ellos ya renunciaron.

Alguien debería explicar por qué el informe que acusa de dispendio a los miembros de la Cámara de Cuentas no sirvió para evitar que fueran ratificados en sus funciones. Esto, si es que dicho informe fue presentado en la sesión. Habría que saber por qué no fue divulgado antes de la ratificación.

[b]III[/b]

La Constitución de la República dice claramente lo que procedería en el caso que nos ocupa. El acápite Cuarto de su Artículo 23, que se refiere a las atribuciones del Senado, cita entre éstas la de conocer de las acusaciones por mala conducta o faltas graves formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos. Sin embargo, en materia de acusación el Senado no podrá imponer otra sanción que la destitución, para lo cual necesitará el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros. El funcionario acusado será pasible de ser sometido a la Justicia.

Si la Constitución dice de manera tan clara lo que procede en este caso, que sería apoderar de la investigación a la Cámara de Diputados para que ésta a su vez formule las acusaciones correspondientes ante el Senado, por qué hay que armar el escándalo que se ha armado antes de agotar los procedimientos constitucionales, sobre todo después de que los miembros de la Cámara de Cuentas fueron ratificados por el propio Senado.

Procede que se abra una minuciosa investigación que permita establecer cómo ha manejado sus recursos la Cámara de Cuentas y entonces actuar en consonancia con los resultados de la indagación y lo que dispone la Constitución. De principio, hay un escándalo en pie y media en el mismo el manejo de recursos del erario, lo que es suficiente para que se inicie una investigación seria y profunda.