PANAMA (AFP).- Graves acusaciones de corrupción y manipulación de fallos para favocer casos de narcotráfico y tráfico de armas, pusieron este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Panamá en el ojo de la tormenta.

El escándalo estalló el jueves cuando el expresidente de la Corte, Adan Arjona, acusó directamente a los magistrados Winston Spadafora, Arturo Hoyos y Aníbal Salas, de emitir polémicos fallos.

Según Arjona, los tres magistrados permitieron la liberación de la supuesta narcotraficante colombiana Lorena Henao Montoya, mediante un fallo del 30 de abril de 2004, así como a un narcotraficante requerido por Estados Unidos, Fernando Requena Duvall, el 15 de junio de 2004, entre otros hechos.

La Procuradora General, Ana Gómez, pidió este viernes al presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson, que pida al magistrado Arjona que se presente ante la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales una denuncia formal para iniciar una investigación de los casos.

«Estas imputaciones guardan relación con hechos que pueden constituir delitos, de acuerdo a nuestro ordenamiento penal», advirtió Gómez.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió la renuncia de los 9 magistrados de la Corte porque «lo que acontece es realmente vergonzoso».

Arjona fue más allá y acusó a Spadafora, Hoyos y Salas, de anular una investigación sobre la compra de 3.000 fusiles AK-47 a la policía de Nicaragua que terminaron en manos de los paramilitares de Colombia.

Además señaló que el 3 de febrero de 2005 liberaron a un narcotraficante al que se le vinculó a un cargamento de tres toneladas de droga.

Arjona acusa a los jueces además de impedir una investigación del manejo de unos 25 millones de dólares donados por Taiwan manejados por la Fundación Mar del Sur que presidió el exministro de salud Fernando Gracia (1994-1999) para construir y reparar hospitales públicos.

«Me da vergüenza y asco esta Corte Suprema», dijo por su parte el expresidente Guillermo Endara, tras advertir que «la Corte se ha convertido en una cueva de mafiosos».

Los escándalos en la Corte Suprema de Panamá, cuestionada por el nombramiento de políticos en los cargos de magistrados no son nuevos.

Hace tres años la oposición denunció que varios de sus diputados fueron sobornados para aprobar el nombramiento de Spadafora y del magistrado Alberto Cigarrista, pero la investigación del caso fue anulada por la propia Corte Suprema.

El año pasado la Corte Suprema recibió un duro golpe cuando el presidente de la coorporación, César Pereira Burgos, fue despedido del cargo al cumplir 75 años, la edad máxima para trabajar en el Estado.

Aunque Pereira presentó una demanda, alegando que estaba nombrado por un período fijo de 10 años, la Asamblea Nacional nombró un reemplazo, ante el silencio de la Corte.

El Presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez dijo que «la Corte Suprema se ha convertido en un manicomio jurídico por lo que el país entero espera que los magistrados presenten sus renuncias».