SAO PAULO .— Sonriendo a cámara, el exdirector general de la constructora brasileña en el centro del mayor escándalo de corrupción del mundo habló con franqueza de los miles de millones en sobornos y financiamiento ilegal que Odebrecht metió en los bolsillos y en las arcas de campaña de políticos y funcionarios.

«Todo esto está institucionalizado», dijo Emilio Odebrecht en su declaración, que forma parte de cientos de horas de grabaciones que la Corte Suprema ha hecho públicas las dos últimas semanas mientras investiga a docenas de políticos. «Era una cosa normal y ha durado 30 años».

Aunque sorprendieron por su sinceridad, las palabras de Odebrecht no tomaron por sorpresa a muchos brasileños. Mucho antes de que la macroinvestigación «Autolavado» sobre corrupción en la petrolera estatal salpicase a cientos de funcionarios públicos tanto en el país como en otras naciones latinoamericanas, la forma de operar de Odebrecht era ampliamente conocida entre los brasileños.

Hasta ahora, las investigaciones sobre el gigante de la construcción siempre habían terminado con unos cuantos políticos de bajo perfil y ejecutivos de la firma señalados y con la empresa regresando a sus negocios con normalidad.

«La novedad ahora son todos los detalles», dijo Pedro Henrique Campos, un historiador experto en Odebrecht.

La firma se ha disculpado en varias ocasiones desde el inicio de la pesquisa, pero declinó realizar comentarios para este reporte.

Fundada en 1944, Odebrecht inició su estrecha relación con la política en la década de 1950, cuando la junta de la petrolera estatal Petrobras estaba formada por militares del estado de Bahía, donde Odebrecht tuvo su sede durante décadas. Según Campos, durante el gobierno militar, entre 1964 y 1985, la firma centró sus esfuerzos de cabildeo en ejecutivos y agencias gubernamentales. Gran parte del dinero se gastó en obtener el favor del ejecutivo, y la práctica estaba considerada una buena inversión.

«Por cada dólar pagado en sobornos obtenían 10 dólares en contratos», estimó Campos.

Con el regreso de la democracia al país en 1985, Odebrecht sumó a partidos políticos y a muchos legisladores a su nómina.

Con una prensa libre tras la caída de los militares, los escándalos empezaron a aparecer.

En 1992, la policía interrogó a Emilio Odebrecht sobre supuestos sobornos por importe de 3,2 millones de dólares pagados al tesorero de la campaña del entonces presidente Fernando Collor de Mello. En ese momento, el CEO de la empresa dijo que el dinero correspondía a labores de consultoría, aunque no había evidencias que respaldaran esa afirmación.

Un año después, Odebrecht volvió a verse ligado a la corrupción cuando se incautaron docenas de floppy discs en la casa del alto ejecutivo de la firma Manoel Ailton Soares dos Reis. Uno de los documentos recuperados nombraba a más de 350 políticos que recibieron dinero de la empresa. Reis, que nunca afrontó cargos, dijo ante una comisión parlamentaria que los nombres eran «impresiones personales y subjetivas para guiar los criterios internos para posibles y futuras colaboraciones de campaña».

Y como dicen los brasileños cuando las investigaciones no dan frutos, «todo terminó en pizza».

Poco antes de las elecciones presidenciales de 1994, Emilio Odebrecht reconoció el pago de sobornos en medio de una serie de escándalos.

«No voy a decir que somos una compañía inocente», dijo al diario Folha de S.Paulo. «Para sobrevivir en este campo, lo hice (pagar sobornos). Pero si me pregunta cuándo y a quién, nunca se lo diré».

Un legislador que presionó para procesar a Odebrecht por el caso de los floppy discs, el exsenador Jose Paulo Bisol, dijo que como consecuencia de esto vio cómo su carrera fracasó.

«Odebrecht era el dueño de Brasil y nadie quería interponerse en su camino», señaló Bisol. «Quienes lo hicieron pagaron el precio, y yo fui uno de ellos».

Antes de ir detrás de Odebrecht, Bisol era un respetado legislador socialista y experto legal. El candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva lo escogió como compañero de fórmula en 1994. Pero Bisol se vio obligado a dimitir por acusaciones de corrupción que nunca se demostraron.

«¿No es una gran coincidencia que después de décadas de una vida política limpia y después de haber sido juez durante tanto tiempo, aparezca esto de pronto justo después de ir tras él?», manifestó Bisol.

Sin embargo, aunque Odebrecht capeó muchos escándalos durante décadas, el caso «Autolavado» iniciado en marzo de 2014 para investigar los sobornos y mordidas en Petrobras le ha pasado factura.

En un primer momento, la empresa fue capaz de desviar la culpa a Petrobras, donde comenzó la pesquisa y con quien Odebrecht había trabajado durante décadas. Pero en los últimos años, el juez federal Sergio Moro, que supervisa el caso, ordenó la detención de altos cargos de la firma, incluyendo la del exCEO Marcelo Odebrecht, hijo de Emilio, y de políticos supuestamente sobornados por la constructora.

Las investigaciones han revelado las medidas que extremas que supuestamente empleó Odebrecht para comprar a políticos, incluyendo una trama con una importante cervecera.

La cerveza de Itaipava se enviaba a través de conductos con un medidor de volumen que las autoridades utilizaban para calcular los impuestos. Olivio Rodrigues, exejecutivo de Odebrecht, describió cómo se remodelaron esas tuberías para evitar el contador, creando una fórmula para recaudar dinero con el que pagar a los políticos. La constructora y la cervecera ganaron 73 millones de dólares con este sistema solo en 2008. Itaipava ha negado haber cometido delito alguno.

Con un futuro incierto por delante, Odebrecht dice que ha despedido a los implicados en sobornos en el pasado y está ofreciendo cursos anticorrupción a sus empleados.

En una carta enviada a su plantel la semana pasada, la junta de la compañía señala que «esta fase negativa» de la compañía era «necesaria».

«Sería imposible reconstruir la compañía que queremos para el futuro sin enfrentar la realidad de los hechos previos», señaló.