LONDRES. El Reino Unido sigue examinando qué pasó en los años de laxismo con la pederastia y concentra ahora su mirada en los presuntos abusos cometidos por políticos, después de juzgar a figuras del espectáculo. El primer ministro británico David Cameron prometió este lunes esclarecer las acusaciones de pederastia a políticos y la desaparición de 114 documentos incriminando a varios parlamentarios.
«Estoy decidido a establecer la verdad tras las acusaciones de abusos sexuales y aprender las lecciones de casos recientes», escribió Cameron en Twitter. Según el ministerio de Interior, los documentos fueron «supuestamente destruidos, perdidos o no se han encontrado».
Theresa May, la titular del ministerio, anunció en el parlamento que había encargado un informe sobre el modo en que «la policía y la fiscalía manejaron toda la información que se les entregó» sobre este caso, tratando así de salir al paso de las sospechas de encubrimiento. Una campaña pública exigiendo una investigación nacional independiente lanzada el domingo ya había recabado 50.000 firmas. «Tenemos que saber la verdad», dijo este lunes el ministro de Finanzas y figura del gabinete conservador, George Osborne, «tenemos que llegar hasta el final para saber qué ocurrió en muchas de nuestras instituciones, incluyendo potencialmente en el parlamento».
Al hablar de «las lecciones de casos recientes», Cameron parece referirse al de Jimmy Savile, el célebre disc-jockey de la BBC, ya fallecido, que se paseó sin ser molestado durante años como un depredador por hospitales infantiles abusando de cientos de niños y niñas con la excusa de ayudarles. Al hilo de este caso, la policía emprendió la Operación Yewtree, una investigación sobre abusos infantiles cometidos por personajes de la farándula y la televisión en el clima laxo de la época y que ha concluido con la condena de la estrella televisiva Rolf Harris esta semana y del publicista Max Clifford en mayo.
El ministerio del Interior aseguró el domingo que los 114 documentos, de los que no se sabe cuántos específicamente están dedicados a abusos sexuales de políticos, han sido «supuestamente destruidos, perdidos o no se han encontrado». Los que se refieren a abusos sexuales cometidos por políticos fueron entregados en 1983 por el entonces diputado laborista y militante contra el abuso infantil Goeffroy Dickens -muerto en 1995-, al entonces ministro del Interior Leon Brittan. Brittan, influyente ministro del gobierno de Margaret Thatcher, se defendió esta semana y dijo que había entregado los archivos a las autoridades competentes. El hijo de Dickens, Barry Dickens, dijo a la BBC que su padre les había comentado que las acusaciones eran «explosivas» por «los nombres que contenía y el poder que tenían».
Además, recordó que cuando su padre entregó su informe a Brittan, entraron un par de veces en su casa pero sin robar nada. «No fueron robos. Fueron intrusiones por un motivo. Lo único que supusimos es que buscaban algo que mi padre tenía y que ellos querían». Simon Danczuk, un diputado laborista que ha tenido un papel activo a la hora de desempolvar el asunto, dijo que un policía le confesó que le habían obligado a firmar un documento en el que se comprometía a guardar silencio sobre lo que sabía de los casos de pederastia de parlamentarios.
Eran otros tiempos. La «pérdida» de los documentos pudo formar parte de «una operación de encubrimiento», admitió a la BBC Norman Tebbit, una figura del partido conservador. «En aquella época, creo que la mayoría de la gente pensaba que era más necesario proteger el sistema que hurgar demasiado cuando algo podía no estar bien», aseguró. «En aquella época, creo que la mayoría de la gente pensaba que era más necesario proteger el sistema que hurgar demasiado cuando algo podía no estar bien», aseguró a la BBC Norman Tebbit, una figura del partido conservador.
Peter Bottomley, que fue ministro conservador a mediados de los 80, explicó que ese tipo de acusaciones «no se tomaban tan en serio como deberían, en parte porque la gente no las creía». Las primeras denuncias de una poderosa red de pederastas en las altas esferas del gobierno remontan a la década de los 80. Volvieron a surgir en 2012 en vísperas del escándalo protagonizado por Jimmy Savile.
Otra investigación, conocida como Operación Fernbridge se abrió en 2013 tras las acusaciones por un diputado de que un asesor de un ex primer ministro pertenecía a una poderosa red de pederastia. Hasta el momento se han producido varias detenciones.