TOKIO,  (EFE).- El gobierno del primer ministro japonés, Shinzo Abe, tiembla antes de las elecciones a la Cámara Alta del próximo 29 de julio, después de la pérdida del registro de las contribuciones a las pensiones públicas de 50 millones de japoneses.

El diario nipón Yomiuri Shimbun, de perfil conservador, publicaba ayer que el índice de aprobación de Abe se sitúa en el 32 por ciento, los índices más bajos de la legislatura y la mitad del nivel que alcanzó cuando tomó posesión de su cargo hace nueve meses. A finales de mes se deciden sólo la mitad de los escaños del Senado nipón, pero la prensa japonesa ya baraja la posibilidad de que pueda caer el Ejecutivo si el Partido Liberal Demócrata (PLD) de Abe logra un mal resultado.

Una de las principales razones de este descontento popular con la gestión de Abe es la crisis de las pensiones públicas, que se ha convertido en la gota que colma el vaso de los escándalos en los que afectan al actual gobierno.

El fiasco consiste en que la Hacienda pública no sabe a quién corresponden 50 millones de expedientes sobre fondos de pensiones.

Como consecuencia, millones de japoneses de la generación de la explosión demográfica, que están a punto de jubilarse, podrían no tener derecho a pensión por el hecho de que no exista ninguna evidencia legal de que el dinero que han ido acumulando durante largos años de trabajo sea suyo.