Roberto Rosario Márquez, pasado presidente de la Junta Central Electoral, debe estar disfrutando a plenitud los 318 mil pesos que se asignó de pensión y 6.5 millones de prestación, luego de una gestión en la que los cuestionamientos a sus ejecutorias institucionales y administrativas fueron pan de cada día.
Se recuerda los conflictos que sostuvo con la Dirección General de Contrataciones Públicas y con la Cámara de Cuentas porque se negaba a cualquier supervisión, control o reglamentación sobre los millonarios recursos que manejaba, argumentando la autonomía de la institución.
Producto de ese ejercicio autoritario y con frecuencia unipersonal, se contrajeron cuestionables compromisos económicos que representan un lastre para los actuales directivos de la institución por las deudas millonarias que alegremente dejó a quienes habrían de sustituirlo en el cargo.
Entre las ejecutorias cuestionables, se destaca ahora, gracias a la divulgación de un informe técnico, la malversación de 39.7 millones de dólares, o sea el equivalente a casi 2,000 millones de pesos en unos equipos electrónicos que además de no servir en las elecciones pasadas, tampoco servirán para el porvenir.
Pese a que estos equipos pudieron alquilarse, se procedió a comprarlos, a espaldas de los técnicos del organismo, no obstante a que todas las pruebas realizadas resultaron negativas debido a razones técnicas de incompatibidad incluyendo que los mismos trabajaban con una frecuencia menor a la disponible en el país en ese entonces.
Cuando el pueblo observa este tipo de situaciones, frecuentes en las entidades autónomas y descentralizadas, y piensa en la situación de carencias que viven los pobres del país mientras la mayoría de los funcionarios malgastan impunemente los recursos públicos, surge, necesariamente, la pregunta :¿Hasta cuándo?