Brasilia (EFE).- En pleno año electoral, el Congreso brasileño quedó ayer ante el mayor escándalo de su historia, tras la aprobación de un informe que pide destituir a 72 parlamentarios por millonarios fraudes en la compra de ambulancias para el Estado. El informe es producto del trabajo que durante dos meses realizó una comisión parlamentaria, sobre la base de informaciones que ya están en manos de la Policía y la Justicia, que ha iniciado procesos contra 53 de los involucrados.

El escándalo salpica a la séptima parte de los 513 miembros de la Cámara de Diputados y a diez partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas y centro, y de la coalición de gobierno como de la oposición. Incluye además a tres de los 81 senadores.

El Partido Liberal (PL), que integró la coalición que llevó al poder a Luiz Inácio Lula da Silva en el 2002 y al que hasta el año pasado pertenecía el vicepresidente José Alencar, encabeza la lista con un total de 18 parlamentarios.

El Partido Laborista Brasileño (PTB), que también apoyó a Lula en el inicio de su gobierno, tiene 16. El derechista Partido Popular (PP), que igualmente respaldó al actual presidente, tiene trece diputados incluidos.

   Ocho de los parlamentarios acusados pertenecen al Partido del Movimiento Democrático (PMDB, centroderecha), de la actual coalición de gobierno, y siete al opositor Partido del Frente Liberal (PFL).

   La extensa lista la completan cuatro diputados del Partido Socialista (PSB), dos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), uno del Partido Social Cristiano (PSC), uno del Partido de la Social Democracia (PSDB), uno del Partido Republicano (PRB) y otro independiente.

   El caso se refiere a la compra fraudulenta de 1.000 ambulancias para pequeños municipios, lo que de acuerdo a las investigaciones que realiza la Policía Federal supuso un desvío de dinero de las arcas públicas que puede llegar a sumar unos 130 millones de reales (55 millones de dólares).

   La red de corrupción también estaba integrada por empresarios y funcionarios de varios ministerios, sobre todo el de Salud, y ha salpicado a Saravia Felipe y Humberto Costa, dos de los ex titulares de esa cartera durante el gobierno de Lula, que han sido acusados de estar involucrados por algunos empresarios.

   La mafia estaba vinculaba a alcaldías que obtenían créditos para la compra de las ambulancias por medio del Congreso, donde los parlamentarios eran sobornados para aprobar los desembolsos, según han determinado la Policía y la propia comisión parlamentaria.

   El dinero era manejado luego por la empresa Planam, que adquiría efectivamente las ambulancias, pero con sobreprecios que llegaban a superar en un 110 por ciento el valor real, según ha establecido el informe parlamentario.

   En total, la comisión investigó a 90 parlamentarios, pero según explicó el secretario de la comisión, Amir Lando, sólo se ha pedido procesar a aquellos contra los que existen pruebas concretas, por lo que 18 han sido excluidos de la lista de procesados.

   El nuevo escándalo estalla en plena campaña para las elecciones del 1 de octubre próximo, en las que serán elegidos el presidente, los gobernadores de los 27 estados, y serán renovadas la Cámara de Diputados y parte del Senado.

   La enorme mayoría de los parlamentarios involucrados en el asunto son actualmente candidatos a la reelección en esos comicios y los procesos, según fuentes del Congreso, sólo comenzarán después de las elecciones.

   El Congreso está en jaque desde mediados del año pasado, cuando denuncias de presuntos sobornos pagados por el PT para lograr mayoría en las cámaras llegaron a hacer tambalear al gobierno de Lula.

   Por ese caso, fueron procesados 19 parlamentarios, pero sólo perdieron sus escaños los diputados José Dirceu, quien por las denuncias debió antes renunciar al Ministerio de la Presidencia, Roberto Jefferson y Pedro Correa, que respectivamente presidían los partidos Laborista y Progresista.