Concluido el proceso electoral se espera que el Ministerio Público (MP) reactive los casos de funcionarios, jueces y fiscales que son investigados por la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y el Departamento de Inspectoría General por supuestos hechos de prevaricación, soborno y otros actos reñidos con la ley, y que al parecer se han quedado suspendidos en el tiempo.
De los casos más escandalosos pendientes están el de la mafia que negociaba sentencias con personas ligadas al crimen organizado, y que según denuncia del propio procurador Francisco Domínguez Brito, integraban “jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares”.
También el de presunto “soborno, estafa y extorsión” existente en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el de los fiscales Ysidro Vásquez Peña y Robert Justo Bobadilla, uno por supuesta prevaricación y el otro por abuso sexual; y la desaparición de varias armas de fuego de la Procuraduría Especializada para el Tráfico y Control de Armas.
Caso jueces. Seis meses han pasado desde la denuncia del procurador, y a la fecha solo hay dos procesados: la jueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero Francisco Arias Valera, ambos bajo arresto domiciliario.
Otros tres magistrados involucrados están pendientes de un juicio disciplinario que ha sido aplazado seis veces; de uno se desconoce el estatus judicial, y los demás “empleados, exjueces, abogados y particulares”, nadie sabe quienes son.
Caso OISOE. Fue develado hacen ocho meses tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, en un baño de la institución, y la nota que dejó, afirmando haber sido objeto de estafa y extorsión de parte de algunos ingenieros del organismo estatal.
Aunque más de 30 personas han sido investigadas por este caso, y la titular de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, ha dicho que no descarta interrogar al exdirector de la Oisoe, Miguel Pimentel Kareh, todavía no lo ha hecho, y solo guardan prisión preventiva los ingenieros Alejandro de los Santos Serrano y Yoel Soriano Fabián; y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo.
Casos fiscales. Vásquez Peña, el procurador fiscal a quien Nelson Rafael Cabral Veras, uno de los implicados en el caso del Banco Peravia, afirma haberle entregado US$125,000 como avance de un total de US$250,000 para que lo excluya del expediente, fue apresado el pasado 5 de enero, renunció del cargo, y está bajo arresto domiciliario.
Dos veces ha solicitado revisión de la medida de coerción impuesta, en procura de su libertad, y en ambas ocasiones el MP ha recusado a los jueces, motivando así el aplazamiento de las audiencias.
Sobre el fiscal de Samaná, Justo Bobadilla, pesan varias querellas por supuesto acoso sexual y abuso de poder.
Está suspendido en sus funciones y es investigado por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez, a quien dijo, someterá por supuestamente estar instrumentando una acusación disciplinaria en su contra con documentos falsos.
caso armas. La desaparición de siete armas de fuego supuestamente incautadas a un narcotraficante, y por lo que fueron investigados varios empleados de la Procuraduría Especializada para el Tráfico y Control de Armas, es otro caso importante pendiente.