POR  ROSARIO ESPINAL
La solicitud de un representante de la Fuerza Nacional Progresista para que la Junta Central Electoral investigara el acta de nacimiento de Sonia Pierre es una de las escaramuzas xenófobas que cada cierto tiempo promueven instancias políticas dominicanas. Pierre indica que nació en territorio dominicano, pero si aún así no fuera, ha residido toda su vida en el país, lo cual la hace merecer, por lo menos, una documentación de residencia legal.

Lo contrario sería prueba fehaciente de discriminación en el sistema migratorio dominicano. ¿Por qué entonces la escaramuza?

El acoso a Sonia Pierre es muy lamentable, y también lo es que los políticos dominicanos traten de manera tan descarada e insustancial un asunto tan trascendental para la República Dominicana como la migración haitiana.

Con el propósito de apoyar segmentos empresariales ineficientes y explotadores, los gobiernos dominicanos han permitido por décadas el flujo masivo e irregular de nacionales haitianos.

Con su sudor, esos trabajadores enriquecieron durante el siglo XX la oligarquía azucarera (nacional y extranjera), luego a los cafetaleros y arroceros, y más recientemente, a los empresarios de la construcción.

Por horas y horas, a la intemperie, bajo lluvia y sol, estos trabajadores han cortado la caña a machetazos, han recogido con pies mojados el café y el arroz, levantan edificios, abren carreteras y excavan los hoyos del Metro, y muchas veces sólo se cobijan con el mismo techo que echan.

Son pobres y negros, condiciones que en cualquier sociedad del mundo hacen las personas vulnerables a la discriminación. La situación no es diferente en República Dominicana.

Por décadas, los gobiernos y la sociedad dominicana han pretendido que los haitianos sólo existen para trabajar arduamente, no para recibir protección laboral ni derechos ciudadanos. Para ilustrar, según la encuesta de Opinión Pública de América Latina 2006, la mayoría de los dominicanos considera que los inmigrantes haitianos indocumentados no deben recibir permiso de trabajo y que los hijos de inmigrantes haitianos no deben recibir la ciudadanía dominicana.

Estas ideas sustentan la práctica social excluyente de la élite económica y política dominicana, que hace al país objeto de las críticas internacionales por abusos a los derechos humanos. La defensa dominicana ante las acusaciones es siempre floja y contradictoria.

Porque resulta que la República Dominicana no está obligada a recibir inmigrantes haitianos. Ningún país ni organismo internacional se lo ha pedido, y eso lo sabe el gobierno. La crítica radica en que se permita la migración de haitianos para realizar labores fuertes y no se regularice con derechos su presencia en territorio dominicano.

¿Por qué entonces el gobierno y otras voces interesadas repiten que a la República Dominicana se le echa el problema haitiano? ¿Por qué las escaramuzas xenófobas?

La razón es desviar la culpabilidad, de manera que el gobierno dominicano pueda continuar con una práctica migratoria irregular, que asegura a los empresarios una masa empobrecida, carente de derechos laborales y ciudadanos.

Esta fórmula migratoria es perfecta para el empresariado que se beneficia del sistema laboral semi-esclavista, así como para los oficiales civiles y militares que reciben comisiones por el tráfico ilegal de personas.

A estos sectores no les preocupa la violación de derechos laborales y humanos. Su voracidad para el enriquecimiento sobrepasa el costo del drama humano migratorio y las consecuencias de descrédito internacional que para el país tienen las denuncias de maltrato a haitianos.

Son ellos (gobiernos y empresarios) los verdaderos anti-nacionalistas, que con su proceder deprimen los salarios y aumentan constantemente el segmento poblacional empobrecido en la sociedad dominicana.

Esta situación dificulta que el país avance en los indicadores básicos de desarrollo humano.

Para encubrir su anti-nacionalismo, el gobierno y otras voces seudo-nacionalistas arengan constantemente a la población para que vean en Haití y los haitianos un posible atentado contra la dominicanidad.

Además, tildan de anti-patrióticos a quienes critican la situación de explotación y discriminación con los haitianos.

Ciertamente, Haití es un país muy pobre que no ha logrado un gobierno democrático estable, ni un modelo de desarrollo que ofrezca subsistencia adecuada a la mayoría de su población. Como resultado, la presión migratoria a territorio dominicano es fuerte y constante.

Pero la única protección real que tiene la República Dominicana ante esta situación es un control fronterizo eficiente y una política migratoria legal.

De lo contrario, la migración irregular, las escaramuzas xenófobas y la crítica internacional continuarán, hasta que un día los conflictos entre dominicanos y haitianos desborden la capacidad del Estado Dominicano de mantener el equilibrio inestable, que se sustenta en un sistema de explotación laboral semi-esclavista y brotes xenófobos que dan a muchos dominicanos la falsa sensación de soberanía.

Como he señalado en otros artículos, urge abordar lo haitiano con legalidad y justicia. Lamentablemente, ni el Estado Dominicano ni la oligarquía empresarial funcionan con estos criterios porque prefieren sostener un sistema capitalista de sobre-explotación laboral.