Cada partido político parece tener su propia «junta» capaz de servir resultados electorales antes de que lo haga la Junta Central Electoral.

Esta conducta revela una enraizada falta de confianza en las instituciones que tiene el país para dirigir y arbitrar las cuestiones de Estado, inclusive las de índole electoral.

Lo grave es que los partidos políticos, sobre todo aquellos que han ejercido el poder, sea desde el ámbito del Poder Ejecutivo o del Legislativo, tienen un alto grado de responsabilidad en las debilidades de las instituciones de la nación, pues las han utilizado para provecho de sus propios intereses por encima del interés nacional.

A esta falta de confianza se debe que los partidos políticos, a pocas horas de cualquier elección, sea congresual y municipal o presidencial, se aventuren a divulgar cifras mediante las que se autoproclaman ganadores, a pesar de que la Ley Electoral y otras normativas prohíben este ejercicio porque perjudica la credibilidad del proceso.

Los datos generalmente provienen de los colegios electorales y son aportados por los delegados de cada organización, a quienes por mandato de ley se les entrega copia debidamente validada de las actas que contienen los resultados de las votaciones en cada una de las mesas electorales.

– II –

El hecho de que no sean respetadas las disposiciones que prohíben a los partidos adelantar la divulgación de datos electorales da una clara señal de que la Junta Central Electoral no está en condiciones de aplicar con todo rigor esa reglamentación.

Otra razón que explica la difusión indebida de data electoral es la tediosa lentitud de la Junta en la publicación de los boletines que contienen los resultados electorales.

El país no puede seguir sufriendo las ansiedades y tensiones que se derivan de, por un lado, las ilegales proclamas de triunfo que adelantan los partidos a pocas horas del cierre de las votaciones, y por el otro lado de la lentitud patológica de la Junta en realizar esa tarea.

Parece ser que los procedimientos de validación de las actas electorales de que se vale la Junta son un obstáculo que resta agilidad al proceso de divulgación de los resultados electorales. Se trata de un proceso torpe, si se toma en cuenta que el tribunal electoral trabaja en base a actas que ya han sido previamente validadas por funcionarios electorales y delegados de los partidos en los colegios de votación.

El país necesita que todos asumamos una actitud de cordura y paciencia. Sería saludable que los partidos políticos desistan de la práctica de autoproclamarse ganadores, pues provocan confusión.

Pero sin duda alguna que hay que emplearse a fondo para eliminar las causas que provocan escepticismo y desconfianza, y entre esas causas está, en primer orden, la tediosa lentitud de la Junta Central Electoral en cuanto a difusión de resultados electorales.